El campo español pierde 120.000 empleos con Sánchez mientras su mujer hace negocio con la despoblación

El campo español está cada vez más vacío de oportunidades laborales y, en consecuencia, cada vez está más azotado por la despoblación y por el envejecimiento demográfico. Los datos oficiales constatan una masiva destrucción de empleo agropecuario en los últimos años. A la vista de esas demoledoras cifras, de nada están sirviendo al respecto las políticas de «reto demográfico» financiadas por el Ejecutivo y de las que presume el propio Pedro Sánchez. Un redil regado con fondos del Estado y en el que la esposa del presidente ha encontrado uno de sus filones profesionales con su marido en Moncloa.

Mientras Begoña Gómez colabora profesionalmente en proyectos de «desarrollo rural» y «repoblación» financiados con dinero público por el Gobierno, el campo español ha perdido en sólo tres años 120.000 puestos de trabajo. Una sangría laboral alarmante, que además se ha acelerado de forma vertiginosa en el último año.

Las cifras de la última Encuesta de Población Activa (EPA) son contundentes. Según este termómetro oficial del empleo, utilizado como referencia en la UE para conocer la situación de la ocupación en los Estados miembros, al acabar 2024 la agricultura y la ganadería dan trabajo en España a 676.600 personas. Justo tres años antes, la EPA del cuarto trimestre de 2021 indicaba que en el campo patrio trabajaban 794.900 profesionales, entre titulares de explotaciones agropecuarias y asalariados.

Diciembre es un mes especialmente apropiado para chequear estructuralmente la salud laboral del sector primario. Las grandes campañas de recolección se producen entre la primavera y el otoño. Esos son meses en los que, según cómo venga cada año agrícola –la meteorología marca muchas cosechas–, el empleo varía según sea mayor o menor presencia de temporeros, según sea mayor o menor la cosecha a recolectar. En diciembre, esa variable tiene un impacto reducido. De ahí que la EPA del sector agropecuario del último trimestre del año dibuje con más certeza cuál es el volumen de empleo estructural del campo español; el estructural, no el de temporada.

Evolución anual

Cuando Sánchez llegó a La Moncloa –junio de 2018–, el empleo estructural del sector agropecuario se situaba, de forma estable, por encima de los 750.000 puestos. En el cuarto trimestre de 2017, 754.300 ocupados; en el cuarto de 2018, con Sánchez recién llegado a Moncloa, 756.900 empleos. Y la tendencia era alcista, de modo que en el cuarto trimestre de 2022 se llegó a los 794.900 puestos de trabajo en el campo español. Pero, desde entonces, ha caído en picado: en el cuarto trimestre de 2023 se redujo hasta los 719.500, y de ahí se ha pasado, en sólo doce meses, a 676.600 ocupados en el sector primario.

Es decir, en tres años se han destruido en el campo español 118.300 puestos de trabajo. De ellos, 42.900 se han esfumado en el último año, una cifra de récord.

La ‘experta’ Begoña Gómez

Mientras el mundo rural pierde empleo en su pilar económico básico, la agricultura y la ganadería, Begoña Gómez se ha ido abriendo camino como «experta» en iniciativas contra la despoblación. Su actividad profesional en estos años viene estando ligada, entre otros campos, al del desarrollo rural al calor de un entramado de entidades vinculadas entre sí y que se benefician de fondos del Gobierno de Pedro Sánchez. En ese entramado aparecen la plataforma denominada G100, relacionada con la sociedad limitada soriana El Hueco Labs, que a su vez está detrás de la feria sobre «repoblación» y desarrollo rural Presura.

Pedro Sánchez ha avalado con su presencia personal la feria Presura, mientras, a la par, su esposa ha figurado como ponente o ha amadrinado foros y actividades organizadas por ese entramado en el que aparece igualmente la asociación sus vínculos con la sociedad limitada como El Hueco Labs, radicado en Soria, que es propiedad de Cives Mundi, que opera como ONG. Cives Mundi recibe también cuantiosas subvenciones del Gobierno.

Las actividades y vinculaciones de Begoña Gómez con este entramado han llegado a los juzgados de la mano del empresario Víctor de Aldama, que desveló contactos entre él, Begoña Gómez y la ex ministra Teresa Ribera para derivar fondos públicos a G100, bajo el paraguas de las ayudas para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación. Aldama apuntó a esos contactos a finales del año pasado, durante una de sus declaraciones ante el instructor que investiga la corrupción derivada del caso Koldo.

Teresa Ribera estaba al frente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, desde el que administrativa fondos repartidos a entidades y proyectos diseñados bajo la etiqueta del «desarrollo rural».