Begoña Gómez firmó un manifiesto para asesorar al Gobierno en la «buena» contratación pública

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 27/09/2024 06:45
  • Actualizado: 27/09/2024 15:13

Begoña Gómez no se limitó a instruir a los alumnos de sus másters en las mejores técnicas para optar a los contratos públicos. En 2021, la mujer de Pedro Sánchez -imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios- llegó a firmar un manifiesto, promovido por el Observatorio de Contratación Pública -un ente impulsado por el Ministerio de Economía- en el que se instaba a las Administraciones Públicas -y por ende, al propio Gobierno de su marido- a adoptar determinadas prácticas en la contratación pública. Prácticas que encajarían en el ámbito de la «transformación social competitiva», la temática sobre la que Gómez vertebra precisamente su actividad profesional.

Este hecho deja en evidencia, una vez más, la fina confluencia de intereses entre los negocios de Gómez y la actividad del propio Ejecutivo. El manifiesto se conoció como Carta de Zaragoza, e iba dirigido a los poderes públicos «para el impulso de la compra medioambiental y socialmente responsable» para «una economía más justa, equitativa y sostenible» y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la contratación pública.

Begoña Gómez aparece entre los firmantes de la carta como «directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. UCM», en el apartado de «instituciones». Junto a ella, distintos alcaldes -entre ellos, Óscar Puente, entonces regidor de Valladolid y ahora ministro de Transportes-, consejeros autonómicos, presidentes de cámaras de comercio regionales, responsables de contratación pública de las comunidades autónomas, catedráticos, rectores y encargados de sostenibilidad de distintas empresas.

«A disposición»

«Nos ponemos a disposición de las administraciones públicas y en general de todo el sector público, para formar parte de la solución, para potenciar desde los distintos espacios de la sociedad civil en los que nos movemos el reconocimiento de estas buenas prácticas en la contratación pública que permitan construir un futuro que avance hacia una sociedad más justa, equitativa y resiliente, más fuerte ante la adversidad y, en definitiva, más sostenible», suscribían los firmantes, entre ellos, la mujer del presidente del Gobierno.

En el manifiesto se dan recomendaciones para una «buena» compra pública «con inteligencia social»; la «profesionalización de los compradores públicos»; la inclusión en las cláusulas de los contratos públicos de requisitos sociales y medioambientales, así como «medidas para facilitar la participación de las pymes en la contratación pública y promover la innovación». Igualmente, apuntaban a «incorporar mediciones de impacto en los contratos con el fin de garantizar su cumplimiento, la transparencia y rendición de cuentas». Cabe recordar que la del presidente del Gobierno solicitó en octubre de 2022 el registro de una «Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental» a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Cabe recordar que Begoña Gómez está ahora imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras firmar dos cartas de recomendación para que su socio e impulsor de la cátedra, Juan Carlos Barrabés, reforzase sus opciones en sendos contratos del Gobierno. El empresario ha recibido adjudicaciones por un importe superior a los 22 millones desde que Sánchez está en La Moncloa.

En sus distintos másteres de la Complutense, Gómez daba recomendaciones a sus alumnos para optar a contratos del Gobierno, así como a financiación de fondos UE.

La mujer de Sánchez desarrolló además una herramienta dirigida a las empresas para la medición de «impacto social y medioambiental», que también se encuentra bajo investigación. Gómez utilizó para ello fondos públicos de la Universidad Complutense. La universidad solicitó al juez Peinado que se investigue la posible comisión de un delito de apropiación indebida por parte de la esposa del presidente socialista.