El abogado del hermano de Sánchez trata de frenar el juicio alegando que hay recursos pendientes

La representación legal de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha presentado un escrito para pedir aclaración ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz denunciando graves contradicciones procesales en la apertura del juicio oral dictada el pasado 22 de mayo. La defensa cuestiona tanto la competencia asignada al caso como la existencia de vulneraciones de principios constitucionales fundamentales.

El procurador de David Sánchez ha solicitado formalmente la aclaración del auto de apertura de juicio oral mediante un escrito presentado este jueves en Badajoz, argumentando la existencia de «contradicciones» que afectan «al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a los principios constitucionales de seguridad jurídica».

El núcleo de la argumentación defensiva se centra en una aparente contradicción procesal. Según el escrito, la providencia judicial del 14 de mayo establecía que tras la presentación de las acusaciones, «habría de estarse al resultado de los recursos que se interpongan contra el auto de Procedimiento Abreviado para acordar la resolución que proceda con respecto a la apertura del juicio oral».

Sin embargo, la defensa subraya que «quedan pendientes de tramitación y fallo los Recursos de Apelación directos formalizados por algunas de las partes -entre ellas, nada menos que el Ministerio Fiscal-«, por lo que considera que existe una flagrante inconsistencia entre ambas resoluciones judiciales.

«Entendemos por ello que, dado que en Derecho una cosa no puede ser y no ser a la vez», argumenta el escrito, estas «antinomias afectan al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a los principios constitucionales de seguridad jurídica e intangibilidad de las decisiones jurisdiccionales».

Cabe recordar que otro imputado, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, ha conseguido en las últimas horas el aforamiento entrando a ser diputado autonómico. Con ello pretende alargar el juicio y que, en lugar de la Audiencia Provincial o en un Juzgado de lo Penal, el caso se enjuicie en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La defensa del hermano de Sánchez plantea además un segundo motivo de aclaración relativo a la competencia del órgano juzgador. Según el escrito presentado, «el órgano encargado del enjuiciamiento, en su caso, de los hechos objeto de acusación no es el Juzgado de lo Penal que por turno corresponda como se dice en el Auto de apertura del Juicio Oral, sino la Audiencia Provincial de Badajoz».

El argumento se fundamenta en que «al tener previsto el delito de prevaricación una pena de inhabilitación de naturaleza grave, procede que sea el Tribunal colegiado el que se encargue de esa labor procesal». La representación legal cita la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el Juez de Instrucción debe señalar «el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa».

La defensa califica de «manifiestamente errónea» la asignación de competencia efectuada por las acusaciones populares, subrayando que esta decisión corresponde exclusivamente al órgano judicial «sin necesidad de consultar con ninguna de las partes». Manos Limpias que lidera las acusaciones pide tres años de cárcel para Gallardo y para el hermano de Sánchez.

Bolaños alineado

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de «sorprendente» la decisión del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz de proceder con la apertura del juicio oral contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo sin esperar la resolución de la Audiencia Provincial sobre los recursos interpuestos.

En declaraciones realizadas este viernes antes de su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado, el titular de Justicia ha dicho que «no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial», ha subrayado que esta práctica judicial resulta inusual en el procedimiento ordinario.

Bolaños ha advertido sobre los riesgos de la precipitación en decisiones judiciales de tal envergadura. «Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial, y menos sin conocer cuál es la decisión del tribunal superior, en este caso la Audiencia Provincial», ha declarado el ministro socialista.

El responsable de Justicia ha expresado su «confianza en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que el procedimiento vaya por los cauces legales», sugiriendo implícitamente que la actuación del juzgado instructor podría haberse desviado del procedimiento habitual.

Polémico aforamiento

Respecto a la polémica generada por el nombramiento de Miguel Ángel Gallardo como diputado autonómico en Extremadura, lo que le otorga la condición de aforado, Bolaños dice que esta circunstancia no implica impunidad alguna. «Simplemente otro tribunal es el competente» para conocer de la causa, sostinee el ministro.

«No implica ninguna impunidad, y por tanto la decisión del líder del PSOE de Extremadura de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al Gobierno extremeño pues es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo», añade Bolaños, defendiendo la legitimidad política de la maniobra del presidente de la Diputación de Badajoz.

Las declaraciones del ministro se producen en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, con varios casos judiciales que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez. Bolaños tenía que dar la cara en el Senado para abordar no sólo este asunto, sino también las investigaciones que afectan a Begoña Gómez, esposa del presidente, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La intervención del titular de Justicia evidencia la preocupación gubernamental por un procedimiento que consideran irregular, tanto por la rapidez de su tramitación como por la decisión de no aguardar el pronunciamiento de instancias superiores antes de proceder con la apertura del juicio oral.

La posición del Gobierno contrasta con la firmeza mostrada por la magistrada Beatriz Biedma, quien ha mantenido su criterio pese a las críticas sobre la oportunidad procesal de su decisión y las objeciones planteadas tanto por la defensa de David Sánchez como por el propio Ministerio Fiscal.