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La abogada de la denunciante de Julio Iglesias maniobró para buscar un vínculo con España y lograr que fuera juzgado en la Audiencia Nacional

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Irene Tabera
  • Irene Tabera
  • Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: [email protected]

El vídeo de la declaración de una de las testigos protegidas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO, revela el esfuerzo de su propia letrada por construir durante el interrogatorio una conexión con España que la testigo ya había descartado minutos antes. La Fiscalía terminaría archivando el caso contra Julio Iglesias por «falta de jurisdicción de los tribunales españoles», precisamente por la ausencia de ese vínculo territorial que la abogada Gema Fernández trataba de rescatar de la declaración de «Rebeca», la empleada doméstica dominicana.

La fiscal Marta Durántez había preguntado directamente a la testigo si alguna vez estuvo en las propiedades españolas del cantante: «¿Vino alguna vez a alguna de las residencias de este señor en España?». La respuesta fue categórica: «No». Pese a esa negativa, la letrada Gema Fernández —una de las dos abogadas que representan a la denunciante— decidió reabrir la cuestión más adelante en el interrogatorio.

«Yo sólo creo que antes, cuando le ha preguntado a la testigo sobre las causas del denunciado en España, creo que ya ha empezado a explicar. No sé si puedes explicar un poco más acerca de… Tengo entendido que había como una promesa o un comentario acerca de la posibilidad de llevarte, de traerte a España también a trabajar en las casas de aquí, cosa que finalmente no pudo darse. Pues simplemente, si puedes contar un poco más sobre esa situación concreta».

La letrada no preguntaba por hechos ocurridos ni por una estancia real, sino por una «promesa» o «comentario» sobre un viaje que, en sus propias palabras, «finalmente no pudo darse». Es decir, sabiendo que su clienta nunca pisó España, la letrada buscaba recuperar la mera posibilidad verbal de un viaje frustrado como argumento para sostener ante la Fiscalía algún tipo de conexión con el país con el fin de que la Audiencia Nacional no archivara el caso falta de jurisdicción, como finalmente ocurrió.

«Él me decía que en verano no íbamos para, para, para España, a lo que realmente no, no, no se llegó a concretar ese viaje», respondió el cantante. Ni billetes, ni fechas, ni ningún desplazamiento real. Sólo unas palabras de Julio Iglesias sobre un hipotético viaje de verano que jamás llegó a producirse.

La pregunta de Fernández llegaba al final del interrogatorio y después de que la propia testigo hubiera dejado zanjada la cuestión ante la fiscal instructora. Lejos de dar por cerrado el asunto, la letrada insistía a la desesperada en conseguir su objetivo.

Una maniobra sin recorrido jurídico

El esfuerzo de la abogada no encontró respaldo en la resolución final de la Fiscalía. El Ministerio Público concluyó que «la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español» y que las denunciantes «no sólo carecen de nacionalidad española, sino que tampoco residen en este país, ni mantienen aquí su centro de vida, intereses o actividad», «ni han viajado» con el artista a España.

La organización promotora de la denuncia, Women’s Link Worldwide, ya era consciente de esta debilidad desde el principio. Según reconoció la propia ONG, optó por España pese a «rechazar acudir a la justicia de República Dominicana y Bahamas», aferrándose únicamente a la nacionalidad española de Julio Iglesias ante la falta de cualquier otro elemento de conexión.

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