La Abogacía avala que el nº 2 de Fernández Díaz declare sobre los fondos reservados para espiar a Bárcenas

La Abogacía del Estado ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que se muestra favorable a que el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, declare sobre el uso de fondos reservados empleados en el operativo policial montado para recuperar los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Según ha podido saber OKDIARIO, los servicios jurídicos del Estado se han pronunciado para que el ex número 2 del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuente al juez Manuel García-Castellón los entresijos de la conocida como operación Kitchen sin los límites que establece la ley de secretos oficiales.

A principios de año el instructor imputó a Francisco Martínez, que fue citado por primera vez en la Audiencia Nacional el pasado 24 de enero. El origen de esta imputación radica en la declaración del comisario Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, que aseguró que seguía órdenes directas del que fuera secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016 durante el mandato de Mariano Rajoy.

En ese momento Martínez se acogió a su derecho a no declarar. Tras finalizar el estado de alarma, su letrado envió un escrito al juez en el que explicaba los motivos de su negativa a prestar declaración y solicitaba que pidiese al Consejo de Ministros autorización para poder hablar de estos hechos de carácter reservado.

Remitido al Consejo de Ministros 

Fuentes próximas al Ministerio de Justicia confirman a OKDIARIO que el magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Tándem, ya ha dado traslado de esta petición al Consejo de Ministro tras recibir el escrito de los servicios jurídicos del Estado.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional aceptó la personación como perjudicado de la Abogacía del Estado en la pieza separada número 7 de esta macrocausa, según avanzó Vozpópuli.

Fuentes consultadas por este periódico manifiestan que el ex secretario de Estado de Seguridad será citado de nuevo para declarar en el marco de estas diligencias, y aseguran que Martínez aclarará dónde se destinó buena parte de la partida presupuestaria que el Ministerio del Interior asignó para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Fondos reservados

Tal y como desveló OKDIARIO, Martínez aprobó el pago de los fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, para llevar a cabo la operación de espionaje a la familia del ex tesorero popular entre 2013 y 2015. El Ministerio de Jorge Fernández Díaz dio orden de que el chófer del ex tesorero recuperara documentos comprometedores de tres altos cargos del PP: Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Por esta misión el conductor recibió 48.000 euros a lo largo de dos años.

Además de sobornar al chófer para que realizara una labor de ‘topo’, también pactaron con el delincuente Enrique Olivares el pago de una cantidad procedente de los fondos reservados a cambio de ejecutar el asalto a la vivienda de los Bárcenas. El objetivo era recuperar tres ‘pendrives’ con información sensible del Partido Popular. Los responsables del plan adelantaron al mercenario 10.000 euros de los fondos y le prometieron otros 40.000 euros si la misión culminaba con éxito, algo que finalmente no ocurrió.

Una comisión judicial formada por el magistrado García-Castellón y un forense se trasladó en enero hasta la prisión de Estremera, donde Olivares, conocido como el ‘falso cura’ por el secuestro de la familia Bárcenas disfrazado de religioso, cumple una condena de 22 años de cárcel.

El objetivo de la visita fue conocer el estado de salud del sicario, que sufrió un ictus en la prisión de Cuenca que le ha dejado graves secuelas. Entre ellas, la pérdida de la capacidad para expresarse. El informe elaborado por el equipo médico determinará si el falso cura se encuentra en condiciones óptimas para declarar ante el juez. Olivares es una pieza clave en esta causa judicial.