Torra se inventa un ‘Consejo’ para amparar la agitación separatista en pleno juicio al ‘procés’

En pleno juicio al ‘procés’, el gobierno independentista de Quim Torra ha constituido una figura para la «defensa de los derechos civiles y políticos». Es decir, para amparar la movilización separatista y, en la mayoría de las ocasiones radical, en la defensa de la autodeterminación.

El acuerdo fue adoptado por el Govern el pasado 5 de febrero. El nuevo órgano se denomina ‘Consejo Asesor de Defensa de los Derechos Civiles y Políticos’ y su función principal es «la defensa de los derechos (civiles y políticos) de la ciudadanía de Cataluña y la lucha contra las actitudes y las vulneraciones que los laminan». Está adscrito al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, en manos del conseller Pere Aragonès.

En la exposición de motivos se explica que «el respeto por los derechos civiles y políticos, consagrados por la legislación europea y por los tratados internacionales, construyen los fundamentos básicos de las democracias modernas» para, a continuación, arremeter contra el ordenamiento jurídico del Estado:

«Desde una perspectiva crítica con la actual estructura jurídica y administrativa que no garantiza la protección efectiva de derechos tan elementales como son los de la libertad de expresión, reunión, manifestación, derecho de asociación o a la participación política, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña se compromete, mediante la Oficina para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos, en la defensa de estos derechos de la ciudadanía de Cataluña y en la lucha contra las actitudes y las vulneraciones que los laminan».

El gobierno secesionista considera que el «capital social» del «país» se «refleja en las organizaciones, colectivos y personas comprometidas en la defensa de los derechos civiles y políticos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña».

El Govern cree que la ley vigente no protege los derechos básicos fundamentales, en línea con lo argumentado por los líderes juzgados en el Supremo

En este sentido, se añade que el Consejo «pretende articular el mecanismo de relación, interacción y sinergia para la consecución común de objetivos compartidos como son un mayor conocimiento de los derechos civiles y políticos por parte de la ciudadanía catalana, así como una defensa activa ante situaciones particulares o generalizables que supongan una vulneración de estos derechos».

El Consejo estará formado por un presidente, un vicepresidente y hasta un máximo de diez vocales, elegidos de entre «representantes de entidades y personas individuales de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos civiles y políticos» además de una persona de secretaría.

A continuación se aclara que los miembros del Consejo no recibirán ninguna remuneración.

El órgano nace en un momento especialmente simbólico, en pleno inicio del juicio al referéndum ilegal del 1 de octubre, y con el objetivo de dar cobijo a la movilización separatista.

Con motivo de la cita de los líderes independentistas en el Tribunal Supremo, este martes, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) protagonizaron distintas acciones de protesta, montando barricadas con quema de neumáticos en distintas vías de Cataluña. La convocatoria siguió con concentraciones ante la Fiscalía Superior de Cataluña. Los radicales habían animado a acudir con el lema: «¡Contra el juicio farsa, encendamos el fuego de la revuelta!».

Por su parte, los diputados de JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem y la CUP asistieron a un paro convocado frente a las puertas de la Cámara catalana. La concentración estuvo encabezada por el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, con mensajes como «la autodeterminación no es delito» o «lo volveríamos a hacer» que finalizaron con la reclamación de la libertad de los encarcelados.

‘Pinchazo’ de las concentraciones

Las concentraciones, no obstante, han acabado en fracaso. En otra, convocada por el Sindicat d’Estudiants, apenas participaron 200 personas. 

Los independentistas también han pinchado en Madrid, a las puertas mismas del Supremo, donde apenas 40 personas se han concentrado para esperar la llegada de la cúpula del referéndum. La convocatoria partió de la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, ERC, JxCAT y la CUP y en ella participó el presidente catalán, Quim Torra.

Los convocantes calificaron el juicio de «farsa» y avisaron de que se convertirá en un «boomerang contra el Estado». Junto a Torra estaban el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los diputados de ERC, Gabriel Rufián o Joan Tardá;  Bildu, Marian Beitialarrangoitia o Podemos, Raúl Camargo.