Congreso de los Diputados

Podemos exige castigar a las empresas que no tengan protocolos contra la “violencia sexual”

Las diputadas de Podemos Ione Belarra y Sofía Castañón presentando la iniciativa (Foto: Flickr Podemos)
Las diputadas de Podemos Ione Belarra y Sofía Castañón presentando la iniciativa (Foto: Flickr Podemos)
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El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha presentado una proposición de Ley de protección integral de la libertad sexual en la que uno de sus aspectos más relevantes es la necesidad, a su juicio, de castigar con el Código Penal en la mano a aquellas empresas que no hayan tomando medidas preventivas para evitar casos de “violencia sexual”.

En concreto, la formación de Pablo Iglesias y sus confluencias plantean exigir responsabilidad penal a las empresas cuando entre sus trabajadores se dé una situación de acoso, agresión o cualquier otra “violencia sexual”. El objetivo de esta medida, según Unidos Podemos, es que las empresas creen protocolos de prevención eficaces frente a estas conductas.

De este modo, el partido morado quiere modificar el artículo 318 del Código Penal para imponer “una penal de multa de 6 a 12 meses” a aquellas personas jurídicas que sean responsables de “delitos contra los derechos de las personas trabajadoras”. Así lo recoge el artículo 48 de esta proposición de ley, la misma que, tal y como publicó ayer OKDIARIO, pretende multar como “delito leve” los piropos en la vía pública.

La iniciativa fue presentada este miércoles por la diputada Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso; Sofía Castañón, secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos; Ángela Rodríguez (En Marea), Alicia Ramos(En Comú Podem); y Eva García (IU), junto a Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de La Coruña.

Junto a ello, en el artículo 10 de la proposición, Unidos Podemos señala que una empresa quedará “exenta de todo tipo de responsabilidad penal” si cumple con una serie de condiciones. Y entre ellas, hace referencia a que “el órgano de Administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión de los hechos, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir comportamientos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”.

Podemos plantea que una empresa quede “exenta de todo tipo de responsabilidad penal” si cumple con una serie de condiciones

Otra condición es que “la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos o que tengan legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos”. Los otros dos requisitos son la “elusión fraudulenta” de los modelos de organización y prevención por parte de los autores individuales y que no se haya producido “una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control” por parte del citado órgano.

Además, Unidos Podemos subraya en el artículo 10 de la proposición que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, “incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo”.

Distintivo

En este sentido, el partido de Iglesias sostiene que las empresas tendrán que “arbitrar procedimientos específicos para su prevención”, así como “dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de estas conductas”. Como posibles actuaciones se citan la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

Como premio a las empresas que “adecúen su estructura y normas de funcionamiento” a tales exigencias, el texto dice que “serán reconocidas con el distintivo de empresas respetuosas con la libertad sexual”.

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