JxCAT presiona al PSOE para que el nuevo fiscal general abandone la acusación por rebelión a los golpistas

JxCAT presiona para que el nuevo fiscal abandone la acusación de rebelión a los golpistas. Se trata del nuevo intento de los separatistas para aligerar las penas a las que se verán sometidos los golpistas tras el juicio oral por el 1-O. Un intento que pretende alterar el curso natural de la Justicia y usar a la nueva figura del fiscal general del Estado para aliviar la acusación y, consecuentemente, las condenas efectivas de los golpistas.

La estrategia es sencilla: dejar en solitario a la acusación popular de VOX, de forma que se pueda argumentar la doctrina Botín –que es necesario el respaldo de la Fiscalía para mantener determinadas acusaciones– y, por lo tanto, impedir que nadie –ni siquiera la acusación popular de la formación de Santiago Abascal– pueda exigir las penas propias del delito de rebelión.

De este modo, quedarían como principales delitos el de sedición y malversación, una medida que habría amortiguando en casi 10 años las penas de prisión esperadas.

La petición viene de JxCAT, el partido de Quim Torra y Carles Puigdemont. Pero es el PSOE el primer que ha abierto a negociar peticiones de los separatistas con motivo de la moción que ha llevado a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.

Y es que el PSOE ha ofrecido a los independentistas reformar el Código Penal para rebajar las penas por rebelión. La retroactividad no se aplica en el campo penal, pero sólo cuando se trata de dar un trato peor a los acusados. Si consiste en mejorar el trato –reducir las penas– sí es aplicable la retroactividad. Y eso es lo que ha ofrecido el PSOE: realizar un cambio en el Código Penal, de forma que la aplicación de las penas por rebelión se modifique y resulte menos gravosa para los acusados. Y entre esos acusados estrella se encuentran, por supuesto, los golpistas del 1-O con Carles Puigdemont a la cabeza.

Hay que recordar que ya hace meses fue el propio Miquel Iceta quien abrió el debate de un posible indulto para los golpistas. Es cierto que ese foco de debate fue zanjado directamente por la dirección del partido, pero también es verdad que quienes cerraban esa discusión asegurando que no era la versión oficial eran los mismos que estaban defendiendo en ese mismo momento que había que volver al Estatuto de autonomía íntegro reformado por el Tribunal Constitucional. Y en ese Estatuto se recogía el papel del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como última corte para todo lo sucedido en esta comunidad autónoma. De darse ese postulado, el caso del 1-O tendría que salir del Tribunal Supremo para dirigirse al TSJC.

Pero ese cambio, no daría tiempo a ser lanzado. La sentencia del 1-O estará cerrada previsiblemente en el mes de octubre y una tramitación de un estatuto sería siempre más lenta. Por eso ha surgido una solución intermedia: no se traslada el caso, pero se fuerza a tener que aplicar unas penas inferiores. La fórmula: la reforma del Código Penal para rebajar las penas. La otra vía, la presión a la Fiscalía es aún más oscura. Pero también más rápida.