El Gobierno busca un pacto con PSOE y C’s para aplicar el 155 después del 1-O

El Gobierno busca un acuerdo con PSOE y Ciudadanos para, llegado el caso, aplicar el artículo 155 en Cataluña. Entre las opciones que plantea el Ejecutivo no figura únicamente la de echar mano de esa medida de forma «preventiva», sino incluso una vez consumado el referéndum ilegal, señalan fuentes de toda solvencia.

El PP cuenta con la mayoría cualificada suficiente en el Senado para aprobar esta medida sin el concurso de otros grupos políticos. Sin embargo, tanto en La Moncloa como en el grupo parlamentario, se admite que ese escenario no sería cómodo y que lo óptimo sería lograr un acuerdo con PSOE y Ciudadanos que evitase la imagen de soledad parlamentaria en la aprobación de esta solución extrema. La fórmula permitiría al Ejecutivo destituir a todos los miembros del Gobierno catalán en caso de que se aferren al cargo pese a su presumible inhabilitación.

El artículo 155 capacita literalmente al Gobierno a que «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España» podrá «previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

Y añade además que «para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas». En definitiva, el Gobierno puede intervenir en la comunidad para restaurar la legalidad.

Sin embargo, el mencionado artículo ha suscitado el rechazo público de PSOE y Ciudadanos al considerarlo extremo y, según el socialista, un balón de oxígeno para el propio independentismo. Sánchez no vería mal, en cambio, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en septiembre de 2015 y que permitiría, por ejemplo, tomar el control de los Mossos.

Antes de pensar en el 155, y en su estrategia de mesura, Rajoy quiere completar su hoja de ruta ‘preventiva’ para evitar la misma celebración del referéndum. En ello se despliega toda la arquitectura legal, en forma de recursos al Constitucional, o la actuación de la propia Fiscalía, que este martes ordenó a Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía, requisar urnas y todo el material destinado a la preparación y celebración del 1-O.

El mensaje que emana tanto desde el Gobierno como desde el partido coincide en sus mismos términos: firmeza, sí, pero con prudencia y proporcionalidad. Y ello implica renunciar, al menos de momento, a las medidas que impliquen «victimizar» a los separatistas y centrarse en evitar que lleguen a sacar las urnas.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo confía en la actuación decidida de los funcionarios en contra del referéndum, una pieza esencial para hacer que descarrile. De hecho, el propio presidente se ha implicado personalmente para asegurarles una máxima protección frente a las órdenes ilegales de la Generalitat y ha logrado el cierre de filas de los secretarios e interventores municipales.

El colectivo-una de las piezas clave en la apertura de los centros electorales- ha reiterado este mismo martes su respeto a la Constitución y a las providencias del Constitucional y ha reiterado que su actuación se rige por la «defensa de los valores democráticos, de legalidad, de lealtad y de neutralidad e imparcialidad política». En el entorno del presidente del Gobierno se señala que asegurar la protección de los funcionarios es su máxima «obsesión», aunque ello no evita que se advierta también de que, quienes colaboren con el referéndum, serán responsables de un delito.

Y será si, como parece, el Gobierno independentista sigue adelante, cuando entrarán en juego otras medidas, como el 155. La fórmula ya suscita el respaldo público de expresidentes como José María Aznar o Felipe González, exministros como José Manuel García Margallo, o miembros del Ejecutivo, como Rafael Catalá. El titular de Justicia admitió este mismo martes que «es una herramienta más que puede llegar a aplicarse en determinadas circunstancias» y abrió la puerta a que el Ejecutivo active «mecanismos más intensos».