Las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), como Uber y Cabify, han manifestado su rechazo ante el «agravio comparativo» que consideran supone que el Gobierno pretenda limitar la transmisión de licencias de este sector y no las del taxi.

«No es admisible que las autorizaciones del taxi puedan transmitirse libremente, mientras que se restringe la transmisión de VTC, es un agravio comparativo inaceptable», indicó el presidente de Unauto VTC, la organización del sector, Eduardo Martín.

El sector responde de esta forma al compromiso que el Ministerio de Fomento adquirió este martes de articular una normativa para evitar especulaciones en la compraventa de licencias de VTC.

Para Unauto, la actual regulación favorece la posición dominante del taxi y con las medidas anunciadas por Fomento tras su reunión con comunidades y ayuntamientos «esta situación no hace más que agravarse». En este punto, Unato reclamó de nuevo una reunión urgente con Fomento para «exponer de primera mano la realidad del sector» de las VTCs.

Respecto al taxi, la organización llamó la atención sobre el «arrendamiento ilegal de licencias de taxi, que hace que sus propietarios cobren alquileres mensuales de unos 2.000 euros sin trabajar», y sobre la «exclusión del taxi del sistema de módulos». Según estas empresas, ello hace que «en la mayoría de los casos, un taxista no pague ni 1.000 euros al año en impuestos mientras que una VTC con una actividad similar para unos 9.000 euros».

Las VTC no incumplen la ley

Uno de los argumentos más esgrimidos por el sector del taxi contra empresas de transporte terrestre como Uber o Cabify es que existen más licencias de VTC (transporte con conductor privado) de las que permite la ley; es decir, una por cada 30 taxis. No obstante, esto no es cierto ya que la normativa no dice que no se pueda exceder dicha ratio, sino que no se concederán cuando se supere dicha proporción.

El problema viene de lejos, concretamente de 2009, cuando José Luis Rodríguez Zapatero decidió eliminar la ratio y liberalizó el sector del transporte. En realidad, el conflicto no surge ahí, sino años después, cuando en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy intervino y recuperó nuevamente la proporción de 1/30, lo que generó un vacío legal con las licencias otorgadas entre 2009 y 2015.

La irretroactividad de nuestro ordenamiento jurídico establece la imposibilidad de extender los efectos derivados de una ley a las relaciones jurídicas existentes antes de su entrada en vigor. Es decir, que no se puede proceder a la retirada de las licencias VTC concedidas a partir de 2009 aunque se supere la ratio.

De hecho, el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, tampoco establece que la proporción deba ser inferior a una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi, sino que cuando sea superior no podrán concederse más, tal como ahora sucede.