Telefónica, Santander e Iberdrola recuperarán 3.000 millones de Hacienda por la sentencia europea

La sentencia del Tribunal General de la UE (TGUE) que considera legales las ayudas fiscales concedidas por España para la compra de empresas en el extranjero permitirá a nuestras principales multinacionales -como Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Ferrovial o Endesa, entre otras- recuperar de Hacienda cantidades que ascienden a cerca de 3.000 millones en conjunto, según expertos próximos a la Agencia Tributaria.

Ahora bien, tanto esta agencia como los despachos fiscalistas advierten de que hay que ir caso a caso y que será un proceso largo y complejo, por lo que puede que finalmente no se alcance esa cantidad. Asimismo, la sentencia del TGUE es recurrible en un plazo de dos meses.

Según las cifras de las propias compañías, Telefónica ha devuelto 143 millones -cuya recuperación podrá solicitar ahora- y tiene provisionados otros 343 millones que ahora ya no tendrá que ingresar en Hacienda y que, por tanto, podrán engrosar su beneficio.

En el caso de Iberdrola, el impacto se estima en torno a 700 millones. En el de Ferrovial, el beneficio fiscal que, de confirmarse esta sentencia, no tendrá que devolver asciende a 87 millones de euros. Ni el Banco Santander ni Endesa reflejan en sus memorias la cantidad abonada o provisionada por este concepto. Otras empresas que se beneficiarán de este fallo judicial son Agbar (Aguas de Barcelona), Abertis o ArcelorMittal.

Ayudas que se remontan a 2002

Estas cantidades provienen de las adquisiciones que estas firmas realizaron antes de 2008, en las que se beneficiaron de una norma fiscal de 2002, con José María Aznar en el Gobierno. Dicha norma permitía que en la adquisición de compañías extranjeras las multinacionales españolas se dedujeran fiscalmente a lo largo de 20 años el llamado fondo de comercio financiero, el sobreprecio pagado respecto al valor en libros de una empresa. De esta forma, el 30% –el tipo del Impuesto de Sociedades en ese momento– de dicho sobrecoste lo asumía el Estado.

Con esto, se pretendía incentivar la internacionalización de nuestras empresas al permitirles pagar en las adquisiciones más que sus rivales gracias a esa deducción. Otros países consideraron esa medida como una ayuda de Estado ilegal que daba una ventaja competitiva injusta a las compañías españolas.

La Comisión Europea les dio la razón en diciembre de 2007, pero salvó las compras realizadas de forma directa anteriores a esa fecha. Sin embargo, dejó fuera las adquisiciones indirectas –realizadas a través de una filial en el país del que se tratara–, que eran la mayoría. A raíz de eso, y con otra sentencia europea que dio la razón a la Comisión en 2014, las compañías tuvieron que devolver a Hacienda esas cantidades que se habían deducido indebidamente.

Sin embargo, la sentencia del TGUE conocida este miércoles considera que las empresas que se practicaron esa deducción en adquisiciones indirectas actuaron sobre la base de lo que se denomina «confianza legítima», dando la razón a los recursos presentados por varias de ellas a través de los bufetes Cuatrecasas, PwC, Garrigues, Pérez Llorca y Latham & Watkins.

En consecuencia, ahora tienen derecho a recuperar las cantidades que se habían deducido de buena fe y que tuvieron que devolver a Hacienda. Eso sí, sólo tiene efecto en las adquisiciones de compañías anteriores al 21 de diciembre de 2007, que es la fecha en que la Comisión Europea expresó sus primeras dudas sobre esta deducción y puso en marcha el procedimiento de ayudas de Estado.

Algunas de las adquisiciones afectadas por esta cuestión son la de O2 y Vivo por Telefónica, las del británico Abbey y parte del holandés ABN Amro por el Santander, la de BAA –la gestora del aeropuerto de Heathrow– por Ferrovial, o la de Scottish Power por Iberdrola.