Las telecos ven imposible la meta del Gobierno de llevar 100Mb al 100% de los españoles a mediados de 2023

Las operadoras de telecomunicaciones ven imposible que se cumpla el objetivo del Gobierno de llevar al 100% de la población española una conexión de 100 megas para junio de 2023, tal y como recoge la Ley General de las Telecomunicaciones aprobada el jueves pasado por el Congreso y que, presumiblemente, entrará en vigor esta semana, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La disposición adicional trigésima del texto incluye ese compromiso para que se pueda disfrutar de banda ancha de alta velocidad en todo el país en breve plazo con el fin de que cualquier español tenga acceso a la Administración digital, la banca electrónica o videoconferencias. La enmienda introducida en el Senado acelera notablemente esa meta y estipula que «dicho acceso se produzca a unos precios asequibles para los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, en aras de impulsar la cohesión social y territorial mediante el despliegue de las más modernas redes de telecomunicaciones». La ley persigue que servicios básicos como el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online estén asegurados en toda España, y con ello se fortalezca «la vertebración social y territorial, coadyuvando al objetivo de afrontar el reto demográfico y de ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la despoblación rural».

Según fuentes del sector consultadas por este diario, lo que expresa la norma «no es una garantía absoluta» pese a que las operadoras van a hacer «todo lo posible» por alcanzar esa meta. Sin embargo, son conscientes del tiempo que conlleva el proceso, que, a su juicio, se prolongará más de lo que prevé el Gobierno, porque al despliegue de red, que como poco implica dos o tres años, hay que sumarle la concesión de los permisos por parte de los ayuntamientos, cuyo plazo es más impredecible.

«Soterrar el cable y que llegue al pueblo de la punta del monte no se hace en dos días, tarda bastante tiempo», indican las mismas fuentes, que subrayan que «el gran reto es la última milla, zonas de población muy dispersa».

Está la opción de la conexión vía internet satelital, que sí ofrece 100 megas de bajada, pero tiene sus restricciones.  «No podrías cubrir a 40 millones con satélite ni a 10. Tiene una capacidad más limitada. Está muy bien para llegar a zonas muy aisladas o remotas, pero no para solucionar la conectividad de una localidad de 20.000 habitantes», subrayan.

Burocracia insoslayable

Pero, en cualquier caso, no se puede hacer despliegue si se carece de permiso, así que es la pescadilla que se muerde la cola, afirman. La nueva ley establece mecanismos para aligerar eso, con un consejo interministerial incluido para abordar esta tarea, de tal manera que la alineación entre los reglamentos locales y la ley estatal fluya mejor con el fin de que los permisos vayan un poco más ágiles, explican.

«Primero hay que pasar la burocracia y luego la obra y desplegar la red, hay que hacer zanjas, poner antenas, todo suma tiempo», advierten. «Burocráticamente, quién te dice a ti que en un pueblo de Soria no vas a tener problemas… Son pueblos pequeños, que no tienen equipo de informáticos, no tienen recursos ni el conocimiento ni tienen por qué tenerlo», agregan.

En síntesis, consideran que el Gobierno es demasiado optimista. «Estamos ya en julio. En agosto no habrá nadie, puedes empezar la formación en septiembre y hacerla durante el último trimestre. Ya se te ha pasado medio año. ¿De verdad en el otro medio año has conseguido todos los permisos en el 100% de España y has hecho todas las obras?», se preguntan. Para el sector, la fecha de 2025 para alcanzar tal hito es un plazo más razonable. «El Gobierno sabe que es imposible hacerlo en un año», zanjan.