Por qué el ajuste fiscal que impondrá la UE a España amenaza con romper un futuro Gobierno Frankenstein

Hasta la fecha, la Unión Europea ha tenido un trato exquisito con el Gobierno de Pedro Sánchez. Le concedió la cantidad más voluminosa de fondos europeos de nueva generación -después de Italia- para conjurar los efectos de la pandemia, casi 100.000 millones a fondo perdido y una línea de créditos blandos por 80.000 millones que todavía está por utilizar y que, en caso de continuar los socialistas en el poder, podrían empezar a ser solicitados a Bruselas. Aunque nuestro país es, de lejos, el Estado que ha hecho un uso menos eficiente de estos recursos -los más cuantiosos de la historia-, según ha denunciado el Parlamento Europeo y opina la propia Comisión, la cordialidad de las relaciones entre Bruselas y Madrid apenas se ha alterado, a pesar de la falta de gratitud y de correspondencia con tal grado de generosidad.

Pero esta aparente Arcadia feliz está a punto de saltar en pedazos y arriesga el futuro de la coalición que Sánchez quiere forjar de nuevo para lograr la investidura a la Presidencia del Gobierno después de las elecciones del 23J. El motivo es tan prosaico como el descomunal déficit público que acumula España. El año pasado, alcanzó ni más ni menos que el 4,8%, impulsando una deuda del Estado que llega al 113% del PIB. Durante este ejercicio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé que el desequilibrio presupuestario se rebaje hasta el 3,9%, pero hay muy pocos, dentro y fuera de España, que crean en su palabra. La mayoría eleva su pronóstico hasta bastante por encima del 4%. Y en 2024, el Ejecutivo que ocupe La Moncloa tendrá que reducirlo hasta el 3%, algo que ni los economistas más osados o partidistas -en este caso del PSOE- se atreven a considerar.

Reglas fiscales

La que está dispuesta a destrozar la encrucijada, a romper el espejismo, es la propia UE, que se ha propuesto con determinación recuperar las solemnes reglas fiscales suspendidas con motivo de la pandemia y luego la crisis de precios provocada por la invasión de Ucrania y la posterior guerra con Rusia, que continúa en pleno apogeo. Pero del próximo año no pasa, parecen haberse conjurado los principales responsables de la Comisión Europea. En 2024, todos los países tendrán que presentar planes de consolidación fiscal para llegar a un 3% de déficit como máximo y tender progresivamente a una deuda equivalente al 60% del PIB.

El comando del gasto

Estas pretensiones para recuperar la tensión fiscal en la eurozona suenan, sin embargo, a chiste para un Sánchez que, si quiere continuar gobernando, no sólo tendrá que repetir su alianza con el comando del gasto, a partir de ahora representado por la formación Sumar de Yolanda Díaz -que inevitablemente volverá a ser vicepresidenta además de ministra-, más los independentistas catalanes, los filoterroristas de Bildu y un convidado de última hora. Un convidado que no es precisamente de piedra, porque Sánchez necesitará el voto favorable de los diputados de Junts per Catalunya, el partido que lidera el prófugo Carles Puigdemont, si quiere lograr la investidura.

Para empezar, la mera posibilidad de que Sánchez tenga que ponerse en manos de Puigdemont para formar un Ejecutivo levanta ampollas en Bruselas. A juicio de numerosos de sus responsables, llegar a acuerdos con un prófugo «rebasa lo tolerable» y sería muy grave para las relaciones entre la Comisión y Madrid en plena Presidencia española de la UE, así como un obstáculo que debilitaría la posición de nuestro país en el restablecimiento de las reglas fiscales, una discusión que precisamente debe dirigir la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, cuya intención era disponer de un documento de consenso en el mes de octubre.

El asunto va a ser cualquier cosa menos un camino de rosas. Calviño aspira a flexibilizar la manera en que cada estado tenga que alcanzar los objetivos numéricos, que eso sí que son inamovibles, pero tal pretensión choca de frente con la posición de los estados europeos del norte -y en particular de Alemania-, que están hartos de financiar el despilfarro probado de los países del sur y dispuestos a no ceder ni un milímetro a pesar de las magras condiciones coyunturales que padecen casi todos, singularmente el gobierno de Berlín, que afronta una recesión técnica sin visos por el momento de recuperación.

Las demandas de gasto indelebles en los programas de partidos como Sumar o Bildu, junto a las pretensiones de alcanzar mayores cuotas de gobierno de los independentistas catalanes, que atañen igualmente a cuestiones de índole económica, como la condonación de la deuda que Cataluña mantiene con el Estado central de más de 70.000 millones -que tendrían que ser absorbidos por la Hacienda pública-, harían completamente imposible ajustar el déficit público hasta cotas cercanas al 3% del PIB y serían igualmente un tapón para la reducción de la deuda pública.

Legislatura corta

En estas condiciones, lo más probable es que la nueva legislatura de Sánchez «sea muy corta», opina el economista José Luis Feito, que ve una concatenación de circunstancias a partir del segundo semestre del año que complicarían mucho la vida de cualquier Gobierno, «y más de uno formado o apoyado por partidos que no contemplan clase alguna de higiene fiscal y sólo están interesados en gastar más».  De acuerdo con este economista, que es también miembro de la junta directiva de la patronal CEOE, la actividad va a empezar a desacelerarse a partir de septiembre y los datos de la evolución del empleo van a comenzar a flaquear» -aparte de que ya estén contaminados desde el punto de vista estadístico.

Con el ajuste fiscal que nos espera, y que algunos expertos estiman por encima de los 30.000 millones, «la capacidad de seguir dando ayudas y subvenciones a los colectivos más peregrinos va a estrecharse al máximo, lo que va a generar múltiples conflictos en el seno del próximo Gobierno y tremendas dificultades para sobrevivir», apunta Feito. La reacción más probable, mientras la situación aguante, será una subida de impuestos a los llamados ricos y también a las empresas -tipos aún más altos en Sociedades y cuotas sociales mayores- «pero ya no hay mucho donde rascar, salvo que se arriesguen a provocar un auténtico colapso de la actividad», explica un empresario que prefiere guardar el anonimato en estos tiempos turbios. Como casi todos. Nadie quiere alzar la voz, pero ninguno apuesta por la viabilidad de otro Gobierno Frankenstein. Y menos aún agravado por la presencia indirecta del prófugo.