Podemos bloqueará los PGE si no incluyen la regulación del alquiler y la subida de impuestos a las rentas altas

El partido liderado por Pablo Iglesias luchará por introducir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la regulación del precio de los alquileres, así como un aumento fiscal para rentas altas a través del IRPF, y advierte de que el no resolver estos desacuerdos podrían retrasar la aprobación del borrador de cuestas públicas.

Otras exigencias de la formación morada en la negociación es lograr que los Presupuestos «devuelvan la capacidad adquisitiva» al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), baremo que se utiliza para la concesión de múltiples ayudas, y mejoras en el Ingreso Mínimo Vital, tal y como plantea la Vicepresidencia de Derechos Sociales que lidera Pablo Iglesias.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes cercanas a Podemos en referencia a la negociación para las cuentas públicas, incidiendo en que estos puntos concretos son aspectos que van a seguir reivindicando en los contactos con el PSOE, socio en el Gobierno de coalición. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han estado centrado en las últimas semanas en perfilar la negociación de los PGE en el seno del Ejecutivo, un consenso que en caso de alcanzarse deberá tener el visto bueno definitivo por parte del presidente, Pedro Sánchez y Iglesias.

La propia Montero pronosticó recientemente que el borrador de los Presupuestos podrían presentarse «muy pronto» con vistas a llevar al Consejo de Ministros el proyecto de ley «antes de que acabe el mes de octubre». Ello implicaría que el proyecto de cuentas públicas debería abordarse en la reunión del día 27, un calendario que podría verse alternado en caso de persistir las discrepancias.

Regulación del alquiler

Un aspecto al que no se renuncia Podemos en esta negociación es aplicar ya la regulación sobre el precio del alquiler, algo que evidenció el propio Iglesias el pasado viernes cuando manifestó su voluntad de «cumplir ya» ese compromiso, ante la emergencia generada por la crisis del coronavirus.

Sin embargo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, enfriaba esas perspectivas al defender ayer que esa regulación –que pactaron con Unidas Podemos para formar el Gobierno de coalición– debe incluirse en la ley de vivienda en la que ya están trabajando, y no en los Presupuestos. Además, pedía esperar hasta que se normalizado el mercado de la vivienda, que se está viendo alterado por la pandemia.

Y es que las citadas fuentes admiten que un «elemento de choque» es dicha regulación que daría competencias a comunidades y ayuntamientos para regular el precio del arrendamiento en zonas de mercado «saturadas».

Podemos quiere aplicar ya ese compromiso del programa conjunto al ser un asunto «urgente» a nivel social y, además, permitiría «facilitar» la aprobación del borrador por parte de los grupos de la investidura, sobre todo de los grupos catalanes, ya que la ley daría cobertura legal a la aprobada en Cataluña y que está ahora mismo recurrida.

Subida de impuestos

Pero la fiscalidad es otro elemento que ha motivado «discrepancia», como revela que la semana pasada se enviara a Bruselas el plan presupuestario con la parte fiscal «en blanco», dado que Podemos «insiste» en una subida de impuestos directos a las rentas altas. En el caso del IRPF apuesta por una subida a partir de los 200.000 euros para rentas del capital y rentas de trabajo, abogando también por una subida a los grandes patrimonios.

Respecto a contenido más social, las divergencias afectan también al IPREM. Aquí, Unidas Podemos postula que se debe recuperar la capacidad adquisitiva «de forma decidida». Además, la Vicepresidencia de Derechos Sociales quiere aprovechar la tramitación parlamentaria del IMV para incorporar «avances» que permitan atender mejor las situaciones de falta de ingresos a las que se están enfrentando muchos hogares, y «corregir problemas» en algunos requisitos de acceso que están «limitando su eficacia».

El Ingreso Mínimo Vital es una de las principales medidas que componen el denominado ‘escudo social’ ante la crisis del coronavirus cuyo despliegue es básico para Unidas Podemos de cara a poder atender a personas que estén en vulnerabilidad.