El plan económico del Gobierno de Sánchez contra la crisis del coronavirus: inefectivo e ineficiente

La sociedad española vive el momento más duro de, al menos, el último siglo. Varias decenas de miles de ciudadanos han sido infectados por el Covid-19. Esto ha llevado al país a una situación de excepción, y a la declaración primero y la prolongación después del estado de alarma.

El marco jurídico establecido por el estado de alarma contempla severas restricciones de movimiento, y, consecuentemente, paralizaciones estrictas de la actividad productiva y comercial a nivel nacional. Con ello se pretende evitar una propagación masiva del virus, un colapso de los servicios sanitarios, y consecuentemente, un incremento en la tasa de mortalidad. El confinamiento es necesario, y ello resulta innegable.

Aún siendo la situación actual de extrema gravedad, no debemos dejar de pensar en el futuro, en los millones de puestos de trabajo que se perderán a causa de la pandemia, que mutará en crisis económica, teniendo graves consecuencias sobre una amplia base poblacional. Por ello, actualmente es el momento de tomar decisiones de política económica efectivas para garantizar liquidez a las empresas solventes, tratar de minimizar las pérdidas de empleo y garantizar un sustento y un futuro a aquellos individuos y familias que peor lo están pasando a causa de esta crisis. Por ello es necesario actuar. Aquí y ahora.

El plan de choque propuesto por el Gobierno liderado por PSOE y Podemos será altamente inefectivo e ineficiente. No solo por falta de estímulos (sobre todo en el ámbito tributario), sino por su ambigüedad, severas limitaciones y limitado alcance. Por ello, si queremos una política que verdaderamente trate de contrarrestar los perniciosos efectos económicos de la crisis del coronavirus necesitamos un plan de choque mucho más ambicioso, certero y prolongado en el tiempo.

En primer lugar, cabe resaltar el plan de avales 200.000 millones de euros (117.000 públicos y 83.000 privados) dispuesto por el Gobierno socialista, que pretende fomentar la refinanciación de los vencimientos de la deuda de empresas en los próximos meses. Dichos avales públicos, más que una ayuda a las empresas solventes con necesidades de liquidez es un rescate encubierto a la banca, para prevenir que sea el sector financiero el que tenga que asumir las pérdidas del impago de los diferentes préstamos al sector privado.

En este caso, una moratoria de impuestos, e incluso la eliminación o exención temporal del pago de algunos tributos, como el Impuesto de Sociedades para algunas empresas, en la situación actual sería de mayor ayuda. Ya que, aunque para el cobro del tributo la base imponible ha de ser positiva, muchas empresas están aún afrontando pagos del Impuesto de Sociedades de ejercicios pasados, los cuales podrían condonarse, dando así un balón de oxígeno extremadamente necesario a muchas empresas.

Por otro lado, aún siendo la moratoria de pagos privados como la luz, el teléfono, el agua, etc… un claro acierto, al aplicarse únicamente a familias vulnerables, el Gobierno debería garantizar la pérdida de ingresos de dichas empresas a las que perjudicaría dicha moratoria, evitando así despidos innecesarios en dichas compañías. Por otro lado, un amplio grupo de ciudadanos quedan desprotegidos ante el plan de choque del Ejecutivo, que directamente les ignora. Los autónomos que no cesen su actividad más de un 75%, los trabajadores que vean severamente reducida su jornada laboral o el pequeño ahorrador, no solo se verán forzados a seguir tributando exactamente igual que en periodos anteriores a la pandemia, sino que además no recibirán ningún tipo de asistencia para lograr salir de la situación actual.

La inyección real de liquidez directa por parte del ejecutivo socialista no será mayor a los 17.000 millones anunciados, al menos, de momento, junto a la reasignación de fondos estructurales por parte de la UE, a repartir entre todos los estados miembros.

Por todo ello, y ante la aplicación de la “cláusula de escape” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para permitir a los países exceder temporalmente sus limites de déficit, es tiempo de pasar a la política económica real y efectiva.

Durante la pandemia realmente necesitamos aumentar el gasto en sanidad para garantizar los recursos necesarios a nuestros sanitarios, y un tratamiento correcto a los pacientes. A su vez, como medicina económica precisamos de una fuerte inyección de liquidez para promover la continuidad de las empresas solventes, y garantizar el empleo de sus trabajadores. Por ello es más necesario que nunca reajustar todas y cada una de las partidas presupuestarias del Estado, reduciendo todo gasto discrecional (subvenciones, administraciones paralelas, etc.) y dedicarlo al sistema sanitario y a la política fiscal.

Asimismo, el Ejecutivo socialista debería promover la suspensión de un gran número de tributos como el Impuesto de Sociedades o el IRPF durante al menos un par de meses (incluyendo algunos pagos atrasados o no efectuados aún), garantizando así la viabilidad económica de muchas empresas y la sostenibilidad y continuidad de muchos puestos de trabajo.

Por último, el Estado no debe olvidarse de los autónomos, al contrario de lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Bajo el actual plan económico, únicamente los autónomos que hayan experimentado una caída de los ingresos del 75% o más podrán acogerse a la prestación por cese de actividad. Los autónomos son la base del tejido productivo y empresarial español, y de muchos autónomos depende el sustento de miles de familias. El acceso a prestaciones por cese de actividad ha de flexibilizarse para garantizar la presente y futura viabilidad económica de muchos de estos autónomos.

Vivimos momentos muy duros, y cuando todo esto pase -que pasará- deberemos centrarnos en recuperar y estabilizar el nivel productivo, el volumen de empleo y las rentas de las familias. Por ello las medidas de política económica han de ser serias y eficientes. No hay tiempo que perder.