Peritos del ‘caso Plus Ultra’ mantienen diferencias sobre el derecho de la aerolínea a recibir el rescate

La juez que investiga la concesión de 53 millones del Gobierno de Pedro a la compañía chavista Plus Ultra ha escuchado esta mañana el careo entre el perito al que encargó el informe independiente y los peritos contratados por la aerolínea para aclarar las diferencias entre las conclusiones que ambos presentaron al procedimiento.

Los peritos han ratificado las conclusiones de sus respectivos informes. Fuentes consultadas por OKDIARIO han destacado el carácter «pacífico» del careo que, según han precisado, ha versado principalmente sobre el préstamo participativo que recibió la aerolínea por parte de Panacorp, la venta de uno de sus aviones y las provisiones económicas de la compañía

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, fijó la fecha del careo el pasado noviembre, cuando la Abogacía del Estado pidió el sobreseimiento y archivo de la investigación «al no constar indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo».

El perito judicial del caso, del despacho Martín Molina, ha determinó que la empresa ya estaba en crisis en 2019, por lo que incumpliría la condición más importante del reglamento aprobado por el propio Ejecutivo en julio de 2020 para dar luz verde a las ayudas públicas a través de la SEPI.

De acuerdo con ese reglamento, los rescates de la SEPI quedaban limitados a empresas con problemas financieros como consecuencia del coronavirus, excluyendo a las compañías que ya «estuvieran en crisis» antes del 1 de enero de 2020. Según el peritaje de 499 páginas, que acaba de incorporarse al sumario del caso y al que tuvo acceso este diario, Plus Ultra ya estaba en crisis en 2019 por lo que existen «dudas más que razonables sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública». 

El despacho Martín Molina actuó como perito independiente por orden de la juez Esperanza Collazos. Plus Ultra se había opuesto a que se realizara este peritaje al considerarlo innecesario. La orden de la juez al perito era analizar si Plus Ultra cumplía con las condiciones impuestas por el Gobierno en el reglamento aprobado en julio de 2020: ser española, estar al corriente de pago con Hacienda, no ser una pyme, no haber solicitado el concurso de acreedores, ser compañía estratégica… De acuerdo con el informe, el perito concluye que el rescate «cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en situación de crisis a fecha de 31 de diciembre de 2019».

Sin embargo, la Abogacía insistía en que la «discrepancia técnica expuesta en el informe de los peritos judiciales» no resultaba suficiente para apreciar, «ni siquiera indiciariamente», ningún exceso por parte de la SEPI para conceder la ayuda.

Los servicios jurídicos del Estado subrayaban que del informe encargado por el Juzgado se desprende que «se cumplían todos los requisitos de elegibilidad» que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas. Del mismo modo, la Fiscalía de Madrid –cuya máximo dirigente es la ex ministra socialista Dolores Delgado– coincidió en que había que archivar el procedimiento y así lo plasmó en un informe en el que aseguró que no existían «elementos contundentes» que permitieran cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus escritos anteriores.

La magistrada Esperanza Collazos consideró necesario no solo no sobreseer la causa sino enfrentar en un careo la opinión de los distintos peritos para aclarar los puntos de disenso en las conclusiones de ambos.