La patronal de hostelería reclama a Calviño que rescate a las empresas que no tengan sus pagos al día
La hostelería mantendrá la guerra judicial contra el Gobierno porque las ayudas directas son escasas
Hostelería España ha mandado -vía Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)- este miércoles una carta a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la que ha solicitado al Ejecutivo la corrección de una de las condiciones de acceso a las medidas de apoyo a la solvencia empresarial extraordinarias dotadas de 11.000 millones de euros. En concreto, los hosteleros piden que el Gobierno de Pedro Sánchez rescate también a las empresas que no están al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y la Seguridad Social, de lo contrario miles de bares, restaurantes y cafeterías se quedarán fuera de las ayudas directas en plena tercera ola de la crisis del coronavirus.
Así lo ha explicado el presidente de Hostelería España, José Luis Yzuel, en conversaciones con este diario: «Hemos mandado al Gobierno, más concretamente a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, una carta explicando la posibilidad de exonerar a los potenciales beneficiarios del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en tanto se estime conveniente por naturaleza de la subvención». «Una propuesta que ampara la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones», puntualiza.
Las ayudas aprobadas este viernes, pese a que han sido bien recibidas por las patronales del sector, que todavía están sufriendo el impacto de la tercera oleada de la pandemia, llegan tarde
«Entendemos que esta solución, ya prevista en la normativa en vigor, facilita la concesión de subvenciones en las especiales circunstancias derivadas de la crisis del coronavirus», recalca Yzuel. Además, ha recalcado que, desde Hostelería España, «este requisito no nos parece ni razonable, ni justificado, ya que a cierre de este año 100.000 empresas han cerrado su persiana de forma definitiva y muchas más lo harán en 2021, si las compensaciones no llegan a las empresas con carácter urgente».
Otras condiciones
No tener su domicilio en un paraíso fiscal, no estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud, no repartir dividendos, ni aumentar los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años y mantener su actividad hasta junio de 2022 son el resto de condiciones que pide el Ejecutivo para dar entre 3.000 y 200.000 euros en ayudas a fondo perdido.
No obstante, las comunidades autónomas podrán «modular» los requisitos de acceso a las ayudas directas de 7.000 millones contempladas en el plan de 11.000 millones aprobado por el Gobierno para empresas y autónomos, según consta en la memoria del análisis de impacto normativo del real-decreto ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial.
Ayudas insuficientes
Por su parte, el presidente de Hostelería España ha insistido en que «el Gobierno de Pedro Sánchez llega tarde y el plan de ayudas directas se queda francamente corto en relación con las necesidades reales del sector más castigado por las medidas restrictivas derivadas de los efectos de la crisis del coronavirus». «El Ejecutivo va a tener oportunidad dentro de poco de ampliar las ayudas directas, por que creemos que esto va a ser muy insuficiente, además de realizar una serie de modificaciones para que las empresas sobrevivan al golpe de la pandemia», explica Yzuel.
Un apoyo que llega meses después de que se iniciará la guerra judicial entre hosteleros y Pedro Sánchez, que ya han presentado más de 100.000 reclamaciones contra el Ejecutivo por responsabilidad patrimonial. De este modo, las ayudas aprobadas este viernes, pese a que han sido bien recibidas por las patronales del sector, que todavía están sufriendo el impacto de la tercera oleada de la pandemia, llegan tarde, ya que los hosteleros llevan un año señalando la necesidad de aprobar un importante paquete de ayudas directas como el resto de países europeos, que permitan a las compañías seguir realizando su actividad y no tener que cerrar sus negocios.
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