La hostelería mantendrá la guerra judicial contra el Gobierno porque las ayudas directas son escasas

La hostelería continuará la batalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El sector considera que el plan de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que incluye 7.000 millones de euros en ayudas directas para los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, no cubre las pérdidas que ha registrado el sector derivadas de las medidas restrictivas impuestas por el Ejecutivo. Por ello, la avalancha de demandas por responsabilidad patrimonial del Estado seguirán su curso.

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa, miembros de la plataforma Lahosteleríadetodos.org y del despacho Cremades & Calvo-Sotelo Abogados que han explicado los efectos del Real Decreto-Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial -publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- en bares, restaurantes y cafeterías, negocios que se han visto gravemente afectados por la crisis del coronavirus hasta registrar un desplome del 50% de su facturación en el año de la pandemia.

Diego Solana, socio director del despacho Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, ha explicado que «el plan de ayudas a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus llega tarde, en comparación con el resto de países de la Unión Europea, que han puesto en marcha medidas especificas para la hostelería, turismo y comercio desde que la crisis del coronavirus comenzó a dar sus primeros coletazos el pasado mes de marzo». No obstante, han valorado positivamente que sean «compensaciones directas, no avales o moratorias como hasta ahora».

«El despacho Cremades & Calvo-Sotelo Abogados continuará reclamando al Gobierno responsabilidad patrimonial por el cierre de negocios a consecuencia de la pandemia, ya que el plan de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial no cumple con el principio de indemnidad, que obliga al resarcimiento del daño o lesión ocasionados o al pago íntegro del valor de lo expropiado – artículo 24.1 de la Constitución Española-«, ha recalcado Solana. Además, puntualiza que «hay empresas y autónomos que tan sólo recibirán 3.000 euros, pese a registrar pérdidas mucho más abultadas».

Además, el socio director del despacho Cremades & Calvo-Sotelo Abogados ha asegurado «que muchas empresas, gravemente afectadas por los efectos de la crisis del coronavirus, se quedarán fuera de las ayudas directas, ya que el desplome de la facturación ha provocado que centenares de miles no estén al día en sus pagos de la Seguridad Social». «Más de 100.000 empresas ya están fuera, por que han bajado su persiana de forma definitiva», puntualiza.

Para que los autónomos y empresas puedan acceder a las ayudas aprobadas este viernes por el Gobierno se fijan una serie de condiciones que deben cumplir en el momento en el que se presenta la solicitud a las mismas. «Las empresas receptoras no pueden tener su domicilio en un paraíso fiscal, ni estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud, deben estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no repartir dividendos ni aumentar los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años y mantener su actividad hasta junio de 2022», explica.

Guerra judicial contra el Gobierno

El sector de la hostelería lleva varios meses mostrando su desacuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno en relación a las restricciones adoptadas para contener el aumento de los casos positivos por Covid-19 y la propagación de la crisis del coronavirus. Sin embargo, la hostelería ha dado un paso adelante y actualmente preparan más de 1.000 demandas patrimoniales a la administración, que podrían aumentar en las próximas semanas y que serán tramitadas en el mes de marzo al Ejecutivo.

Solana ha explicado que «está misma semana se presentarán hasta 400 demandas más contra el Gobierno por responsabilidad patrimonial».

De este modo, en el mes de marzo el Gobierno de coalición se enfrentará a una oleada de demandas de la hostelería, que han optado por recurrir a esta vía ante la pasividad del Ejecutivo. Además, los datos muestran que más del 40% de las autonomías han estado más de 100 días con los interiores cerrados o cerrados totalmente -Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, La Rioja, Murcia y Navarra-.