Palo a los propietarios: no van a cobrar el seguro de impago si tienen okupas en su casa

El reciente decreto social acordado entre el Gobierno y Junts ha traído consigo una serie de medidas que afectan directamente a los propietarios de viviendas. Aunque muchas de las disposiciones aprobadas han sido bien recibidas, como la revalorización de las pensiones o las ayudas a los afectados por catástrofes naturales, hay una en particular que ha generado una gran controversia: la extensión de la paralización de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida, que inicialmente se implementó durante la pandemia a través del Real Decreto-ley 11/2020, continuará vigente al menos hasta finales de año, dejando a muchos propietarios en una situación complicada dado que no sólo no podrán cobrar su alquiler sino que también es posible que se queden sin el aval que cubre cualquier impago.

Para los propietarios que alquilan sus viviendas, el que dicha medida siga vigente supone un golpe difícil de encajar. La posibilidad de que un inquilino se convierta en inquiokupa y no pueda ser desalojado rápidamente genera incertidumbre y desprotección. Aunque el Gobierno ha anunciado la creación de un fondo de garantías públicas para compensar a los caseros por impagos y desperfectos, los requisitos y plazos para acceder a este respaldo dejan mucho que desear. El decreto establece que los propietarios podrán solicitar compensaciones por los impagos de sus inquilinos hasta el 31 de enero de 2026. Sin embargo, para poder acceder a este aval del Estado, los propietarios deben cumplir con una serie de condiciones específicas. Solo aquellos que alquilen a personas menores de 35 años y/o consideradas vulnerables podrán acogerse a esta ayuda. Además, el precio del alquiler debe estar ajustado al índice de referencia, lo que limita significativamente la posibilidad de que todos los afectados puedan acceder al aval.

El problema principal es que este seguro de impago no se puede cobrar inmediatamente. Según expertos en el sector inmobiliario, el cobro del aval solo podrá solicitarse seis meses después de que el propietario haya recuperado su vivienda. Esto significa que durante todo el tiempo en que el inquiokupa permanezca en la vivienda, el propietario seguirá afrontando todos los gastos, sin posibilidad de compensación inmediata.

Palo a los propietarios: no van a cobrar el seguro de impago

Un aspecto que ha causado gran malestar entre los afectados es la incertidumbre sobre cuándo se hará efectivo el pago del seguro de impago. Aunque los propietarios pueden iniciar la solicitud del seguro seis meses después de recuperar su inmueble, no hay garantía de cuándo recibirán la compensación. Esto deja a los propietarios en una situación económica frágil, sobre todo si dependen del alquiler como fuente principal de ingresos.

Además, el sistema de avales todavía no ha entrado en vigor. Su aprobación definitiva por parte del Gobierno podría tardar hasta seis meses, lo que implica que los propietarios a día de hoy no pueden beneficiarse de ninguna protección real. En otras palabras, los caseros deben seguir enfrentando las consecuencias de los impagos y daños en sus viviendas sin un respaldo inmediato por parte del Estado.

La reacción de los propietarios: «No aceptaremos migajas»

Las asociaciones de propietarios han mostrado su descontento ante estas medidas, considerándolas insuficientes y abusivas. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Aprovij) ha emitido un comunicado en el que se posiciona firmemente contra la decisión del Gobierno. «No aceptaremos migajas en forma de compensaciones insuficientes y con requisitos abusivos. La única solución justa es devolver a los propietarios el control de sus viviendas», declararon.

Para muchos propietarios, esta situación es insostenible. No sólo deben lidiar con la imposibilidad de recuperar sus viviendas en caso de inquiokupación, sino que además deben afrontar gastos adicionales sin un respaldo inmediato del Estado. Esto está generando un clima de inseguridad jurídica que podría derivar en una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, agravando aún más la crisis de acceso a la vivienda en España.

Un panorama incierto para los arrendadores

La situación actual deja claro que el decreto social ha supuesto un duro revés para los propietarios. Mientras que las medidas buscan proteger a los inquilinos vulnerables, los caseros quedan en un limbo legal y económico sin garantías reales de compensación. La incertidumbre sobre los plazos de cobro del seguro de impago, los requisitos restrictivos para acceder a él y la falta de una solución inmediata han generado un descontento generalizado entre los propietarios, que al margen de cualquier situación deben seguir pagando los gastos que supone tener una vivienda en propiedad.

El debate está servido. Mientras el Gobierno defiende estas medidas como una forma de proteger a los más vulnerables, los propietarios exigen que se respete su derecho a disponer de sus viviendas y a recibir el pago por los servicios prestados. Lo que está claro es que, de momento, quienes alquilan sus inmuebles continúan desprotegidos ante la inquiokupación y los impagos, sin una solución clara en el horizonte.