Moody’s avisa a España: el envejecimiento de la población pone en apuros su calificación crediticia

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Señor paseando por la calle (Foto. Istock)
María Villardón

Los gobiernos locales y regionales de España están entre los mas expuestos en Europa a «presiones crediticias negativas» por el raudo envejecimiento de la población, según el estudio “Sector Público Europeo” de la agencia de calificación Moody’s. Es más, según la firma, la financiación de estos servicios podría suponer una “bomba de tiempo” para España.

Ningún país parece ser un país para ‘viejos’, pero España menos que ninguno, al menos a tenor de las conclusiones del informe publicado por Moody’s este martes. Según este documento, en 2070 el número de personas con más de 65 años representará el 29% de la población europea, frente al 19% de 2016. Mientras, las personas con más de 80 años supondrán el 13% del total, tras el análisis demográfico de una decena de países del Viejo Continente hecho por la agencia.

Con respecto a nuestro país, según datos de la OCDE, la población española que supera los 65 años de edad actualmente -que en 1960 representaba el 8,2% del total- asciende al 19%. En 2031 se disparará al 26,2%, si bien en algunas regiones, como es el caso de Asturias, ya ha alcanzado el 25% de la cuota.

En los años 90 -una década que parece ya lejana-, tres catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid llegaron a la conclusión de que para 2020 en España habrá una esperanza de vida de 77,7 años para los hombres y de 83,8 años para las mujeres.

Todo el mundo -incluido Moody’s- habla de la población cada día más envejecida y las repercusiones que esto tendrá en la competitividad económica de los países de la Unión Europea (UE). Sin embargo, algunos expertos claman para que no se demonice a los mayores poniendo el foco del problema solamente en este colectivo.

En 2070 el número de personas con más de 65 años representará el 29% de la población europea

Es el caso de José Antonio Serra, jefe del servicio de Geriatría del madrileño Hospital Gregorio Marañón, que ha denunciado en varias ocasiones que la vejez está siendo estigmatizada “como si el aumento de la esperanza de vida fuera un lastre, la cuestión es que no tenemos hijos. Ese es el problema, no que se viva más”. Según datos del INE, España registró un total de 391.930 nuevos nacimientos en 2017, un 4,5% menos con respecto al año anterior. La tasa de natalidad, por su parte, se ubica en 8,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes, el nivel más bajo en 40 años.

La pregunta es, ¿por qué no se tienen hijos -o más hijos- en España? El crecimiento de la población está íntimamente relacionado con la bonanza económica y muchas parejas o mujeres esperan a mejores oportunidades laborales o mejores políticas de conciliación.

Las cifras son tozudas: en 2008 -justo antes del estallido de la Gran Crisis- hubo un total de 519.779 nuevos nacimientos, máximos de 30 años en una serie histórica que se contabiliza desde 1976. Desde la caída de Lehman Brothers hace una década, los nacimientos se han desplomado casi un 27% y la natalidad se ha estancado.

Desde el estallido de la Gran Crisis en 2008, los nacimientos en España se han desplomado alrededor de un 27%, según el INE

Zoe Jankel, vicepresidenta de Moody’s y autora del informe, ha señalado que “el coste que van a tener que destinar los gobiernos regionales y locales al cuidado de personas mayores a medida que la población envejece será un gran desafío” para países como España y también Inglaterra. “Los Gobiernos tendrán que destinar una gran partida de los presupuestos al cuidado de las personas mayores”, concluye.

El informe de Moody’s especifica también que en la mayor parte de los países de la UE la legislación del cuidado de personas con dependencia y mayores está en manos del Estado a nivel nacional, sin embargo, la regulación de estos servicios, así como la financiación de los mismos, están en manos de los gobiernos regionales y locales, de ahí que la presión crediticia aumente sobre ellos.

Además, Moody’s señala algunos aspectos sociológicos importantes que tendrán -y ya tienen- una repercusión tanto en el sector público como privado de países como España: la incorporación de la mujer al mercado laboral, el aumento de la esperanza de vida, así como la complejidad de las discapacidades actuales en las personas dependientes.

La incorporación de la mujer al trabajo y el aumento de la esperanza de vida han creado la necesidad de proveer cuidados de manera más formal

Desde luego, ante tal escenario, un futuro sostenible del actual sistema de pensiones en España parece harto complicado. La población envejece, los jóvenes que se incorporan al mercado laboral disminuyen y, además, poseen sueldos más bajos que antes de 2008. Un hecho que pondrá en aprietos a las arcas públicas que sostienen el sistema de pensiones, así como las partidas dedicadas a Sanidad y Protección Social.

Este año, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han dedicado a estas dos últimas áreas un 16,2% del PIB de España hasta los 1,21 billones de euros. Una cifra que, atendiendo a los datos y las advertencias de Moody’s, irá en ascenso en las próximas décadas.

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