Puedes ser tú: la lista de los 3 millones de españoles que van a cobrar un ‘extra’ en la nómina de agosto

Más de tres millones de empleados públicos van a ver reflejado en su nómina de agosto un ingreso adicional que, aunque modesto, llega como un respiro en plena cuesta veraniega. Se trata de una subida del 0,5 % con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros tras meses de presión sindical y de incertidumbre en la administración pública.

Esta subida no es un gesto puntual, sino parte del Acuerdo Marco 2022–2024, que comprometía al Gobierno a aplicar un aumento acumulado del 9,8 % en los sueldos del personal al servicio del Estado. Aun así, su aplicación se ha hecho esperar. Sólo ahora, en pleno mes de julio de 2025, el Ejecutivo ha dado el paso para desbloquear esta revisión pendiente. Para muchos trabajadores, supone un reconocimiento largamente reclamado; para otros, sigue siendo insuficiente. Lo cierto es que esta medida no llega sola ni aislada. Está inmersa en un contexto de fuerte malestar sindical, con futuras movilizaciones y una sensación creciente de que el esfuerzo de los empleados públicos no está siendo adecuadamente recompensado. Pero, al menos por ahora, hay una buena noticia en el horizonte inmediato: un ingreso extra que aliviará muchos bolsillos de cara a la nómina de agosto.

Los  españoles que van a cobrar un ‘extra’ en la nómina de agosto

Este ‘extra’ en la nómina de agosto no es un premio ni una paga extraordinaria, sino la aplicación tardía de una subida salarial pactada. Afectará a más de tres millones de trabajadores públicos, desde funcionarios de carrera hasta personal laboral de la administración, y el importe concreto dependerá del grupo profesional al que pertenezca cada empleado. La media se sitúa en torno a los 168 euros brutos, correspondientes al 0,5 % de incremento aplicado con efecto retroactivo desde enero.

Así, por ejemplo, quienes pertenecen al grupo A1 como inspectores, médicos o abogados del Estado, verán una subida cercana a los 182 euros. Los del grupo A2, donde se agrupan técnicos y gestores, percibirán unos 168 euros. Y los del grupo C1, como administrativos o auxiliares técnicos, recibirán aproximadamente 112 euros adicionales. Esta actualización salarial supondrá un desembolso estimado de 508 millones de euros para las arcas públicas.

Sin duda para muchos trabajadores, la subida será modesta pero llega justo a tiempo para el gasto vacacional, o simplemente, aliviar un poco la presión económica acumulada. De hecho y en la mayoría de los casos, va a coincidir con las vacaciones, convirtiéndose en un pequeño balón de oxígeno.

Un retraso que no ha pasado desapercibido

Aunque la subida estaba prevista desde hace más de un año, su aplicación se ha ido posponiendo sin explicaciones claras, generando un creciente malestar en el ámbito sindical. Organizaciones como CSIF, UGT y CCOO han mantenido la presión sobre el Ejecutivo, exigiendo que se respetaran los acuerdos firmados y que no se volviera a aplazar una subida ya comprometida. No en vano, esta medida forma parte del paquete salarial acordado para el trienio 2022–2024.

La respuesta tardía del Gobierno se percibe como una concesión forzada ante el desgaste político y la presión pública. El Consejo de Ministros del 1 de julio de 2025 fue finalmente el escenario donde se dio luz verde a esta subida, pero el sabor de boca que deja no es del todo dulce. Muchos trabajadores consideran que no se trata de una mejora real, sino de una simple corrección a un retraso injustificado.

Y es que no se trata sólo del dinero. El retraso ha puesto sobre la mesa una cuestión de confianza: ¿qué valor tienen los acuerdos firmados si no se cumplen en los plazos previstos? Para quienes llevan años encadenando recortes, congelaciones y promesas incumplidas, esta nueva demora ha sido un motivo más para desconfiar.

Nuevas protestas a la vista

A pesar de esta subida pendiente, el ambiente en el sector público sigue siendo tenso. Los sueldos de 2025 permanecen congelados y, lo que es peor, el Gobierno no ha iniciado aún ninguna negociación para definir posibles mejoras salariales en lo que queda de año. Esto ha sido la gota que colma el vaso para los sindicatos mayoritarios, que ya han anunciado movilizaciones a partir del martes 8 de julio frente al Ministerio de Hacienda.

Las exigencias son claras: abrir una mesa de negociación inmediata para revisar las retribuciones del año en curso y garantizar que no se repita el mismo retraso que con la subida del 0,5 %. Desde UGT y CCOO recuerdan que, aunque este incremento era parte de un pacto previo, nada se ha dicho aún sobre las condiciones económicas de los próximos meses, lo que deja a millones de trabajadores en una situación de incertidumbre.

Las organizaciones sindicales advierten que, si no hay avances pronto, intensificarán las protestas a lo largo del verano. Consideran que el Gobierno está dejando de lado a un colectivo clave en el funcionamiento del país, desde docentes y sanitarios hasta personal de justicia, seguridad o servicios sociales.