La mitad de los 2.975 millones del PERTE del vehículo eléctrico se perderán por la burocracia del Gobierno

• Andrea Aguado @AguadoRobles
• Redactora de economía y coordinadora de OKMOTOR. Amante de las cuatro ruedas y la industria. Antes en informativos de Radio Televisión Castilla y León.
• • 10/04/2022 06:45
  • Actualizado: 10/04/2022 18:47

Los fabricantes automovilísticos alertan de que la mitad de los fondos del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado se podrían perder por el exceso de burocracia que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de solicitar las ayudas. Son muchos los obstáculos que ha puesto el Ejecutivo para acceder a las subvenciones como el cumplimiento de los distintos bloques o las exigencias de garantías para cubrir los importes.

Una serie de trabas a las que hay que sumar la no consideración de la excepción temporal de empresa en crisis; la obligación de tener las cuentas del ejercicio 2021 aprobadas por la Junta y depositadas en el Registro Mercantil; y la exigencia de aportar los poderes expresos de representación por parte de cada socio a la persona física que represente a la empresa líder en nombre del consorcio son los principales obstáculos que provocarán que miles de empresas -en su mayoría pymes- se queden por el camino.

«Cerca del 50% de los fondos del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado no se efectuarán por las condiciones impuestas por el Gobierno, jamás vistas hasta la fecha en un proyecto colaborativo, lo que muestra la poca empatía del Ejecutivo con un sector gravemente afectado por el impacto de la crisis del coronavirus y la actual escasez de materias primas», explican fuentes cercanas al proceso en conversaciones con este diario.

Un proyecto que desde el principio se diseñó como un traje a medida para la automovilística Seat -con la que el Gobierno ya había pactado cerca de 1,5 millones de euros, tal y como avanzó OKDIARIO, antes incluso de que se aprobara la convocatoria en Bruselas-, y que amenaza con dejar dinero por el camino de los fondos europeos pese a las advertencias del Banco de España o la AIReF de mantener un control exhaustivo sobre el maná procedente de Bruselas.

Una de las condiciones que impone el Ejecutivo es la no consideración de la excepción temporal de empresa en crisis entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021, recogido en el marco temporal de ayudas de Estado, ampliado hasta 30 de junio de 2022. «En ningún caso podrán formar parte de la agrupación ni obtener la condición de beneficiario aquellas entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o que no estén al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior», reza la Orden y Convocatoria de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC, en el artículo 5.2.

Otras condiciones

Una solicitud que deberá estar formada al menos por cinco entidades, que no formen parte del mismo grupo, relacionadas con la fabricación del vehículo eléctrico. Al menos un 40% de las entidades debe ser pyme y por lo menos una entidad tiene que ser proveedora de conocimiento. Una apuesta por las pequeñas y medianas empresas que se convierte en papel mojado al leer la letra pequeña.

El desembolso de la ayuda concedida se realizará en dos pagos por tipología de ayuda (préstamo y subvención). El primero se ordenará una vez dictada la resolución de concesión y se hará por el importe total de la ayuda concedida correspondiente a la anualidad 2022. Mientras que el segundo pago, correspondiente a la ayuda concedida para la anualidad 2023, se realizará a lo largo de 2023, y estará condicionado a la presentación, antes del 15 de septiembre de ese mismo año, de la situación actualizada de las inversiones y gastos realizados hasta la fecha.

El Gobierno prevé movilizar inversiones privadas por importe de 19.700 millones y la creación de empleo podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo y la contribución al PIB se situaría entre el 1% y el 1,7%. Otros impactos esperados serían alcanzar en 2023 los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados.