Horarios: críticas de los empresarios mientras Iglesias amenaza con dar los datos a los sindicatos
Este domingo se ha iniciado la obligación para las empresas de registrar la jornada laboral de los empleados para controlar las horas extras y obligar a las compañías a abonarlas a los trabajadores y cotizar por ellas a la Seguridad Social.
Y lo ha hecho entre críticas de empresarios y expertos y con la amenaza del Gobierno de castigar a las empresas que no tengan controlados los horarios a través de la Inspección de Trabajo, según ha señalado este lunes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
Además, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, ha entrado en el debate y este lunes ha señalado que, si su partido entra finalmente en el Gobierno con el PSOE, obligará a que tanto la Inspección de Trabajo como los sindicatos tengan acceso a esos datos, algo que augura más problemas internos. «En este país se van a controlar las horas extra y se van a apagar», ha dicho.
Pero, pese a estas palabras de Iglesias, expertos como José Carlos Díez, asesor del PSOE, han asegurado este lunes que el registro de la jornada laboral «no va a mejorar la productividad» ni va a conseguir que «se paguen las horas extras». La productividad en la empresa española es uno de los retos señalados por el Banco de España.
En la misma línea se han mostrado asociaciones empresariales como ATA, líder entre los autónomos. Su presidente, Lorenzo Amor, ha calificado de «chapuza» el registro de la jornada laboral impuesto por el Gobierno porque supone volver a la mina, al siglo pasado. «Es como volver a la mina. La administración se cree que todos los trabajadores tienen un centro de trabajo, cuando la realidad es que en España hay más de 600.000 empresas que no lo tienen», ha señalado este lunes.
Cabreo e incertidumbre
Amor ha señalado que existe «cabreo e incertidumbre» entre los autónomos y la pequeña empresa por esta nueva norma. Además, el presidente de ATA ha criticado que el Gobierno vaya a publicar una guía de funcionamiento este lunes, «un día después» de su entrada en vigor.
Mientras las críticas se suceden, el Gobierno no da marcha atrás y su socio, Unidas Podemos, amenaza con complicar aún más la situación. La ministra Valerio ha explicado este lunes que la Inspección de Trabajo «va a actuar» para vigilar que la norma se aplique y, en caso contrario, se impongan multas de hasta 6.250 euros. «Nadie se ha tomado en serio la entrada en vigor de la ley pero la Inspección de Trabajo va a actuar», ha dicho.
Por su parte, Iglesias ha amenazado con que «en este país las horas extras se van a pagar» y ha anunciado que si entran en el Gobierno darán libre acceso a Trabajo y a los sindicatos de los datos. Esta medida generaría más problemas internos en las empresas.
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