Hacienda propone ampliar el peso de Educación y Sanidad en el nuevo sistema de financiación autonómica
Madrid aporta a la sanidad y educación del resto el 68% de los fondos totales y Cataluña el 26%
Cataluña y País Vasco acusan a Madrid de dumping pero reciben más del doble de los impuestos nacionales
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha enviado este viernes a las comunidades autónomas -por la tarde y antes de un macro puente- su propuesta para aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica, en la que aboga por dar más peso a los gastos en Educación y Sanidad para cifrar el reparto, y cambia el modelo de cálculo de la población, otra de las claves del reparto de los fondos entre las autonomías. Además, incluye aportaciones extra para las regiones que reciban estudiantes de otras comunidades y deja la ponderación del territorio en el 3-4% del total -frente al 3% del anterior sistema-.
Regiones más extensas y despobladas como Castilla y León y Aragón solicitaban que el criterio del territorio ganara peso en el nuevo sistema. Ahora se abre un proceso de negociación entre las comunidades y el Ministerio entre los meses de diciembre y enero para tratar de acordar un texto definitivo.
En el gráfico se ven las diferencias entre la nueva propuesta realizada por Hacienda y el mecanismo del sistema de financiación autonómica actual. El peso de los gastos sanitarios se encuentra actualmente en el 38%, mientras que con los cambios que propone Montero -que amplía la división por grupos de edad de 7 a 20- tendría un peso de entre el 40% y el 45%. «De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias», señala Hacienda en una nota.
En cuanto a los gastos en Educación, el sistema actual incluye sólo las edades comprendidas entre los 0 y los 16 años. Ahora, Hacienda quiere incluir también a los universitarios o los estudiantes de Formación Profesional, y añade fondos extra para las regiones que reciban este tipo de jóvenes.
Los gastos sociales también cambian. «La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6% o un 10%. Dentro de esta variable, el padrón de las personas mayores de 65 años pesaría entre un 80% o 90% y el de los parados entre un 10% o 20%», explica el ministerio.
Por último, la propuesta que tiene que ver con la población no varía apenas y tendrá un peso de entre el 3% y el 4%, similar al anterior. Contarán factores como la insularidad y la despoblación.
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