El Gobierno prohibió por carta a la Guardia Civil inspeccionar a los camioneros y desató la huelga

La subdirectora general de Inspección de Transporte Terrestre, Alicia Rubio Fernández, envió a la Guardia Civil una carta, a la que ha tenido acceso en exclusiva este diario, en la que prohibía controlar el cumplimiento de las medidas para mejorar la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística que entraron en vigor el pasado mes de septiembre. Una misiva que ha desatado el malestar de los camioneros y ha desatado el paro de su actividad desde la madrugada de este domingo.

«Ante el real decreto ley 3/2022 y real decreto ley 14/2022, que afectan al transporte y que han entrado en vigor recientemente, se ha considerado necesario clarificar en relación con las actuaciones que los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han de realizar en los distintos controles en carretera de transporte», explica Rubio en la citada carta.

Desde Transportes señalan en la misiva que «el Real Decreto 3/2022 introduce en la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres una disposición adicional decimotercera que establece la prohibición de la carga y descarga por el conductor de vehículos de más de 7,5 toneladas, asimismo, contemplan las excepciones en relación con la participación en las operaciones de carga y descarga de los conductores y tipifica el correspondiente precepto infractor». «Actuaciones que únicamente pueden ser controladas en las instalaciones de las empresas por el personal adscrito a la inspección de transportes de las comunidades autónomas y del Estado», indica la subdirectora general de Inspección de Transporte Terrestre.

Así, el Gobierno quita la competencia a la Guardia Civil de controlar que la carga y la descarga se hace de acuerdo a las nuevas directrices impuestas con la entrada en vigor del real decreto, al igual que la vigilancia del buen eso de las cartas de porte en el transporte.

Paralización de las inspecciones

La Plataforma en Defensa del Transporte argumenta que los cargadores no cumplen con la ley y que el Ejecutivo evita que la Guardia Civil realice las inspecciones necesarias para proseguir con las denuncias ya puestas.

«La Guardia Civil cuando ha habido un problema en un almacén, en un centro de carga y descarga, se les ha llamado, han acudido y se ha procedido a denunciar o levantar acta directamente, no con la Inspección de Transporte. No entendemos este cambio de escenario y más aún después de que se haya denunciado a seis empresas de cargadores por no cumplir la ley», dicen fuentes cercanas Plataforma en Defensa del Transporte.

«En carretera sólo hay que controlar los documentos administrativos regulados por la normativa de transportes. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres tipifica como infracción grave, en el artículo 141.17 la carencia y falta de datos esenciales de la documentación de control en el transporte de mercancías. En el transporte nacional de mercancías sería el documento de control regulado en la Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre y en el transporte internacional de mercancías el CMR», concluye la subdirectora general de Inspección de Transporte Terrestre en la citada misiva.