El Gobierno frena la inversión: sólo permitirá residencias de ancianos que no superen las 50 plazas

El sector de las residencias de ancianos y centros de día tiene actualmente una carencia de 75.000 plazas en España. No obstante, esta cifra seguirá incrementándose en los próximos años debido a que la población cada vez está más envejecida. Sin embargo, en lugar de auxiliar al segmento -que está principalmente impulsado por el sector privado-, el Gobierno continúa poniendo trabas. De las más de 385.00 plazas que hay actualmente, unas 98.000 son públicas y el resto privadas.

En concreto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, encabezado por Ione Belarra (Podemos), planea un nuevo modelo para el sector de la Dependencia. «Estamos en plena negociación y uno de los cambios que proponen es que las nuevas residencias tengan como máximo 50 plazas», explica a OKDIARIO, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED).

En su opinión, «esta medida es totalmente inviable, pero lo peor de todo es que no se basan en ningún criterio para establecer este número». Tras las críticas recibidas, la cartera de Belarra ha decidido cambiar el borrador y pasar en las residencias de ancianos de las 50 a las 90 plazas y en los centros de días a las 100 plazas. No obstante, la patronal continúa mostrando su descontento porque insiste en que no hay ninguna razón para fijar esta cifra y defienden que «todo cambio tiene que llevar parejo su memoria económica».

Freno a la inversión

En este sentido, el presidente de la FED asegura que, de llevarse a cabo, esta medida supondría un freno para la inversión en el sector y quedaría un parque de residencias obsoleto. Fernández-Cid explica que crear un nuevo centro conlleva, al menos, cuatro años, «desde que localizas el suelo, lo compras, encargas el proyecto a los técnicos, pides la licencia, lo construyes, lo equipas, lo autorizan y empiezas».

Actualmente, en España hay en promoción y construcción más de 38.500 camas y «este tipo de filtraciones va a crear mucha inseguridad jurídica y una alarma social innecesaria», afirma el experto.

Sin embargo, éste asegura que la propuesta del Gobierno también afecta a las residencias y centros que están operando. Ya que la normativa «obligará a las residencias ya construidas a adaptarse a esta medida en un periodo de cinco años». En su opinión, esto también «es inviable». Por ello, la FED considera que la mesa de diálogo social debe «redactar un sistema de acreditación de mínimos, no de máximos».

El problema: el sistema público de salud

Para concluir, Fernández-Cid recalca: «La emergencia no está en las residencias, sino en el sistema público de salud. Si una residencia tiene una persona mayor que necesita hospitalización y no se le facilita -como pasó en plena pandemia- el problema no es de las residencias».

Entonces, «si falla la sanidad pública, ¿por qué nos tenemos que reformar radicalmente nosotros?», pregunta. En este sentido, la FED matiza que en el país hay unas 158.000 camas de hospital; mientras que las residenciales y de centros de días superan las 385.000 plazas. Con estes datos, se pone de manifiesto las carencias de la sanidad pública.

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) está compuesta por organizaciones que abarca todo el elenco de operadores de atención a la dependencia: centros residenciales, centros de día/ noche, servicios de ayuda a domicilio y servicios de tele-asistencia. Con la suma de todos sus miembros representa: 2.400 centros residenciales con 154.000 plazas, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de Tele-asistencia.