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Los funcionarios irán a la huelga aunque el Gobierno suba la prima de Muface

Asisa abandonará el concierto de Muface, por lo que se quedará desierto y los funcionarios harán huelga

Asisa desiste del concurso de Muface

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Una manifestación de CSIF.
Benjamín Santamaría
  • Benjamín Santamaría
  • Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo de los funcionarios, asegura que una eventual subida de la prima por parte del Gobierno de Sánchez tras el fracaso del concierto de Muface no va a detener la huelga de trabajadores de la Administración que la organización está preparando para principios de febrero. Es decir, los empleados del Estado irán al paro por el hecho de que el Ejecutivo no haya resuelto esto a tiempo, según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes sindicales.

Hasta el momento, Adeslas y DKV habían rechazado concurrir a la nueva licitación del Ejecutivo, por lo que Asisa se había quedado sola en el proceso. Ahora, tal y como ha adelantado este periódico en exclusiva, la última compañía ha decidido no participar, por lo que el concurso se quedará desierto el próximo 27 de enero.

La oferta mejorada del Gobierno de Sánchez contemplaba aumentar un 33,5% la prima, es decir, el doble de lo que decía inicialmente. No obstante, esto no ha sido suficiente para convencer a las aseguradoras de seguir en Muface, algo que ha llevado al límite la paciencia de los funcionarios.

Por ello, los trabajadores públicos han calentado motores con diversas movilizaciones en las últimas semanas. No obstante, tal y como ha confesado Csif a este periódico, «ya ha pasado el momento de salir a la calle», por lo que los trabajadores de la Administración llevarán a cabo «acciones más contundentes» a partir del próximo 27 de enero, cuando de forma definitiva la licitación quede desierta.

Huelga de funcionarios por Muface

Entre estas acciones, tal y como ha declarado este miércoles el presidente nacional del sindicato mayoritario de las administraciones públicas, Miguel Borra, está la huelga de funcionarios y diversos paros que comenzarán a principios de febrero.

Una huelga que parece inevitable, pues el sindicato de funcionarios la ha condicionado exclusivamente a que salga adelante la licitación de Muface del próximo día 27, algo que no va a suceder. Ni una nueva licitación, ni una subida aún mayor de la prima, ni cualquier otra promesa les frenará.

«Desde Csif, emplazamos al Gobierno a que ponga fin a la situación de incertidumbre que vive Muface garantizando la continuidad del actual modelo y una asistencia sanitaria de calidad, que han dejado de recibir», denunció Borra el miércoles, quien ha considerado que la situación actual sólo se resolverá si la oferta del Gobierno satisface a las entidades aseguradoras para concurrir al concierto.

funcionarios de Muface
Edificio de Muface.

Y es que el sindicato insiste en que Sánchez debe dar «prioridad a este asunto», ya que «se pone en riesgo la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familias», al tiempo que critica la actitud de otras organizaciones sindicales que «reclaman una solución para Muface y, al mismo tiempo, realizan campañas para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario».

De manera paralela, Csif asegura que está «atendiendo a diario centenares de quejas de mutualistas porque no están recibiendo una adecuada atención por las aseguradoras que bien ponen trabas administrativas o directamente deniegan citas, pruebas diagnósticas e incluso intervenciones quirúrgicas».

Csif asesora a los mutualistas para que interpongan una queja por escrito tanto a la mutualidad como a las aseguradoras y posteriormente acompañará a sus afiliados en las acciones legales que se deriven sobre las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Y las acciones del sindicato no se quedan ahí. «Nuestra organización también ha tramitado una queja ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión Europea», explica Csif en su último comunicado.

Es decir, los funcionarios están en pie de guerra tras la incertidumbre, cada día más elevada, que viven a causa del futuro de su atención sanitaria. La paciencia se les acaba y cada vez es más difícil apaciguar la situación, por lo que la tensión se eleva poco a poco sin que el Gobierno sea capaz de encontrar una solución que satisfaga a todas las partes.

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