Los fondos que pleitean con España por las renovables señalan a Ribera: «Influye en la decisión de la UE»

Los fondos internacionales que están pleiteando contra España en diferentes juzgados repartidos por el mundo no las tienen todas consigo sobre la participación de Teresa Ribera, ex ministra de Transición Ecológica y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, en la decisión de apoyar a España en la batalla por los impagos a las renovables y ordenar que no pague al fondo francés Antin un laudo de 101 millones.

Pese a que Ribera se comprometió en noviembre pasado a abstenerse y no participar en esta decisión sobre las renovables, los fondos advierten que «crecen las preocupaciones sobre el rol que ha jugado la comisaria europea» en el proceso que ha llevado a Bruselas a determinar que esos pagos serían ayudas de Estado, por lo que ordena a España no pagar el arbitraje perdido.

Este proceso lleva abierto en Bruselas desde 2021, señalan fuentes de los fondos internacionales, pero «hechos recientes apuntan a que Ribera podría haber utilizado su posición dentro de la Comisión Europea para influir en el proceso de toma de decisiones en favor de España», señalan.

Los fondos advierten que «a pesar de las reiteradas solicitudes legales que reclamaron que confirmara por escrito su abstención, el gabinete de Ribera nunca respondió. No fue hasta el 21 de febrero de 2025 cuando Yizhou Ren, asistente del Director General de la Dirección General de Competencia (DG COMP), afirmó verbalmente que Ribera se había abstenido y que el vicepresidente Valdis Dombrovskis asumiría el caso, sin constar documento que así ratifique este supuesto compromiso».

Las fuentes consultadas explican también que ha habido «reuniones posteriores» que plantean «dudas muy serias sobre la integridad del proceso». «El 10 de marzo de 2025, representantes legales del bufete K&L Gates, que representa a los afectados, se reunieron con Zaneta Vegnere, jefa adjunta de gabinete de Dombrovskis, y Gabriella Tschirkova, miembro del gabinete de la misma dirección. Ambas habían sido asignadas para supervisar la resolución del caso Antin, pero ninguna de ellas estaba familiarizada con el caso ni con la serie de disputas generadas tras la retirada retroactiva de las primas renovables en España», explican.

«Pese a ello, y en apenas dos semanas, la Comisión habría adoptado una decisión sobre si el pago del laudo constituye o no una ‘ayuda de Estado’, cuando el caso llevaba entre 4 y 6 años abierto», alertan. Los inversores temen que Ribera «influyó» en el proceso antes de abstenerse dando lugar a posibles «irregularidades» y una «interferencia política» que rompe con la seguridad jurídica.

Sobre el fondo de la decisión de Bruselas, los fondos internacionales que pelean contra España por los impagos de las renovables de Ribera señalan que no descartan acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para impugnar la decisión de Bruselas. «Esta apelación sometería el asunto al escrutinio de una autoridad judicial independiente y con plena competencia para evaluar la legalidad de las decisiones de la Comisión y, si así fuese procedente, anular aquellas actuaciones y pronunciamientos que infrinjan el Derecho de la UE», explican.

Además, señalan que las decisiones que están adoptando juzgados de países de fuera de la UE, dando la razón a los fondos y permitiendo que se embarguen bienes españoles en estos países sigan adelante. Es el caso de tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica. «Las decisiones de estos países no se ven afectados por la decisión de Bruselas», advierten.

El representante legal de uno de los fondos afectados señala que «este caso trata, en esencia, de defender el Estado de derecho y la ejecutabilidad de laudos arbitrales válidos. Si las instituciones de la UE no están a la altura, los tribunales de ejecución en todo el mundo seguirán garantizando que se haga justicia».

Los fondos han iniciado más de 50 arbitrajes contra España por la rebaja de las primas a las renovables. En algún caso ha ganado España, pero la mayoría de los laudos han condenado al Gobierno a indemnizar a los fondos, que han comprado la deuda de los inversores iniciales. La deuda, según sus datos, asciende a 1.900 millones a falta de conocerse el resultado de algunos arbitrajes.

El origen de este conflicto se sitúa en 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas del 25% a las inversiones en renovables. Cuando llegó al poder Mariano Rajoy, y ante la crisis económica que heredó, decidió unilateralmente reducir las primas al 7%. Esa decisión inició una cascada de arbitrajes y laudos contra España, que Ribera decidió no pagar.