Los exdueños de BPA presentan una querella contra las autoridades bancarias andorranas

Los hermanos Higini y Ramon Cierco, exdueños de BPA, y el ex ceo del banco, Joan Pau Miquel, han presentado una querella en los juzgados contra algunas autoridades bancarias andorranas y gestores por una presunta operación fraudulenta de unos 80 millones de euros, tal y como informa EuropaPress, que habría causado perjuicio a los actuales clientes, una vez nacionalizada la entidad.

En el escrito remitido este jueves, los querellantes acusan personalmente a miembros de la Agencia estatal andorrana de Resolución de Entidades Bancarias (Areb), a administradores de BPA designados por el Principado, al consejo de Vall Banc y a representantes del fondo JC Flowers.

Según los querellantes, estos habrían realizado presuntas maniobras financieras, con el banco ya público, que habrían podido suponer unos «beneficios ilícitos» de más de 80 millones en perjuicio para actuales clientes y, en un futuro, de cara la liquidación del banco intervenido, en vías de resolución.

Los antiguos accionistas cuestionan que, en el momento de crearse Vall Banc, BPA transfiera bajo supervisión de la Areb una serie de bienes al nuevo banco valorados en 70 millones, necesarios para arrancar la actividad.

En su escrito constatan que Vall Banc, en coordinación con Areb, emitió después unas obligaciones convertibles en acciones por el mismo valor, si bien una vez publicadas las cuentas, «dichos traspasos no han tenido el equilibrio que se presuponía y se habrían llevado a cabo operaciones tendentes a descapitalizar más si cabía» la entidad intervenida.

En concreto apuntan que los balances de Vall Banc reconocen que los bienes que en su día recibió de BPA y que la Areb valoró en 70 millones, en realidad valen más de 96,5 millones, según sostienen.

«Con esta operación, BPA en el día que recibió una papel investido de obligaciones convertibles valorado en 70 millones de euros ya estaba dejando de percibir más de 26,5 millones», afirman los querellantes.

Más tarde, JC Flowers adquirió las obligaciones y la operación de compraventa, según las tasaciones encargadas por los mismos querellantes, no habría supuesto al fondo un desembolso superior a los 15 millones, con lo que se habría producido un menoscabo de 55 millones a BPA.

La querella también considera que la Areb actuó «con arbitrariedad total y sin tomar ninguna medida para evitar la ilicitud de sus actos», como habría sido una peritación, lo que supondría bajo su punto de vista una presunta prevaricación con el agravio de haber sido cometida por autoridad o funcionario, además de una administración desleal de bienes públicos.