"EXISTEN INDICIOS" DE QUE LA RESOLUCIÓN PUDO SER ILEGAL

La Justicia europea admite a trámite un recurso contra la intervención del Banco Popular

La Justicia europea admite a trámite un recurso contra la intervención del Banco Popular
Oficina del Banco Popular. antes de la resolución.

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) ha admitido a trámite un recurso presentado por el despacho de abogados Ferrer–Bonsoms & Sanjurjo contra la intervención del Banco Popular por considerar que atenta contra la normativa comunitaria. El bufete, que representa a un millar de antiguos accionistas y bonistas de la entidad, considera que el Tribunal «significa que existen indicios» de que la resolución del Popular pudo ser ilegal.

Según fuentes del despacho consultadas por OKDIARIO esta admisión a trámite del recurso obligará a la Junta Única de Resolución (JUR) a aclarar su actuación en la crisis del Popular en el plazo máximo de dos meses. Hay que recordar que una filtración de la presidenta de esta institución Elke König fue la que ocasionó la sangría bursátil del banco español, al admitir que la JUR estaba vigilando de cerca a la entidad financiera presidida por Emilio Saracho por si debía ser rescatada.

Los despachos de abogados que están defendiendo los intereses de los afectados por la caída del Popular consideran a la JUR responsable de la rapidez con la que se produjo la pérdida de confianza en el futuro de la entidad, que finalmente terminó con una crisis de liquidez que forzó su resolución. Una vez decidida la intervención fue el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) español quien gestionó el rescate privado mediante un proceso de subasta al que finalmente sólo acudió el Santander y que tuvo que ser adelantado una semana ante la imposibilidad del Popular para hacer frente a la retirada de dinero de sus depositantes.

En total los diferentes bufetes han presentado más de 50 reclamaciones ante el TSJUE, solicitando la anulación de la venta del Popular al Santander por la cantidad simbólica de un euro (y la asunción de unas pérdidas que ahora se cifran en más de 12.000 millones de euros).

Uno de los aspectos que siembra sospechas sobre el proceso de resolución del Popular es la valoración que la JUR tomó como referencia para determinar las potenciales perdidas ocultas que tenía la entidad. La labor de estimación fue encargada a Deloitte, quien realizó un informe con tres escenarios posibles en función del grado de gravedad de la crisis del banco: uno conservador en el que planteaba un agujero latente de 8.200 millones de euros, otro neutral con una valoración negativa de 2.000 millones y una tercera, más optimista, en la que indicaba que el Popular valía unos 1.500 millones de euros.

Sin embargo, la JUR con la colaboración del Banco Central Europeo (BCE) ocultó el escenario optimista y sólo hizo públicas las otras dos valoraciones negativas. El informe se mantiene en secreto a buen recaudo por las consecuencias legales que tendría hacerlo público, aunque fuentes financieras han confirmado a OKDIARIO los detalles que aquí exponemos y que confirman desde el Banco de España y el Ministerio de Economía.

Y en este contexto, con más de 50 demandas presentadas ante el TSJUE y algunas de ellas admitas a trámite, como la citada del bufete Ferrer–Bonsoms & Sanjurjo, ni la JUR ni el BCE tienen ninguna intención de publicar el polémico informe. No lo harán  “bajo ningún concepto a no ser que lo ordene un juez», según confirman fuentes jurídicas comunitarias. El informe es determinante para saber si el banco era viable en términos de solvencia o tan solo atravesaba una crisis de liquidez puntual, como defendieron las instituciones españolas hasta el día antes de la intervención de la entidad.

Las defensas de los afectados por la resolución del Popular confían en tener acceso al informe de Deloitte después de que en España el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu haya admitido tres querellas contra los ex presidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejos por falsedad societaria y documental, administración desleal y apropiación indebida. El magistrado solicita en sus autos que el FROB le entregue el citado informe en su versión completa (no en la edición mutilada que ha publicado la JUR).

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