Duro Felguera gasta más de un millón en asesores en 2020 pese a pedir 120 millones al erario público

En medio de la mayor crisis de la histórica ingeniería asturiana Duro Felguera, su consejero delegado, José María Orihuela, ha elevado la factura que ha pagado la empresa en 2020 en asesores políticos, jurídicos y de comunicación e imagen a más de un millón de euros. Mientras, Orihuela ha presentado unas cuentas hasta junio que arrojan pérdidas de 114 millones de euros -aún no ha comunicado las del tercer trimestre del año- y ha pedido a las arcas públicas un rescate de 120 millones de euros para evitar la quiebra de la compañía.

Orihuela ha ido poco a poco ampliando la lista de asesores, como ha venido publicando este diario y ha ampliado este fin de semana el periódico local Asturias Diario. El consejero delegado de la firma, que ya cobró 80.000 euros más IVA por dos meses como asesor de Duro Felguera antes de convertirse en su primer ejecutivo en diciembre de 2018 -a través de su patrimonial 3P Infra Advisors S.L.-, ha contratado los servicios de Acento, la consultora del ex ministro José Blanco, además de a los también ex ministros socialistas Valeriano Gómez y Jordi Sevilla, que están en el consejo.

Junto a los asesores políticos, que trabajan para que la Sepi y el Gobierno de luz verde a la petición de rescate público que oficialmente solicitó la compañía en agosto pasado, Orihuela se ha rodeado de asesores de comunicación e imagen que le han costado 250.000 euros el año pasado, según este rotativo asturiano. Sólo para que se publicaran noticias positivas de la empresa y sólo durante dos meses, Duro Felguera pagó más de 100.000 euros a una consultora de comunicación.

Orihuela ha elevado la factura que ha pagado la empresa en 2020 en asesores políticos, jurídicos y de comunicación a más de un millón mientras ha presentado unas cuentas hasta junio que arrojan pérdidas de 114 millones y ha pedido a las arcas públicas un rescate de 120 millones

Además, la gran factura es para el despacho de abogados Ontier, que asciende a 600.000 euros sólo en seis meses de 2020, según Asturias Diario. El responsable de Ontier, Bernardo Gutiérrez de la Roza, fue nombrado por Orihuela secretario no consejero de Duro Felguera, en sustitución de un histórico de la compañía.

Precisamente una de las funciones del despacho, y que ha elevado tanto la factura, es la ‘purga’ de cinco directivos que ha realizado Orihuela desde julio, incluido el director general, Javier Laza. El consejero delegado puso en marcha una investigación interna o ‘forensic’ al sospechar de que había directivos que estaban, en su opinión, filtrando información de la empresa para tumbar la acción. Fruto de ese ‘forensic’ ha realizado despidos por pérdida de confianza, lo que ha provocado los correspondientes procesos judiciales.

Además de elevar la factura que paga la empresa en estos asesores, el diario local asturiano señala que Orihuela dispone de dos coches con chófer, uno en Asturias, sede de la empresa, y otro en Madrid, donde vive, y que dirige la compañía desde unas oficinas que ha alquilado junto a su domicilio en una lujosa urbanización de la capital del país.

ERTE desde el 7 de enero

Mientras, la cúpula de Duro Felguera ha puesto en marcha un segundo ERTE desde el 7 de enero hasta el 31 de mayo para el 90% de la plantilla, aunque simultáneamente afectará a un máximo de 425 trabajadores durante cuatro meses. Finalmente, y tras denunciarlo este diario, Orihuela ha aceptado iniciar los trámites legales para bajar el sueldo a la cúpula de la firma un 20% durante la duración del ERTE, una exigencia de los sindicatos a la que se había negado durante todo el proceso de consultas del Expediente, en diciembre.

Orihuela dispone de dos coches con chófer, uno en Asturias, sede de la empresa, y otro en Madrid, donde vive y desde donde dirige la compañía en unas oficinas que ha alquilado junto a su domicilio en una lujosa urbanización de la capital del país

Ahora, Orihuela ha vuelto a contrariar a los sindicatos de la firma puesto que, en contra de lo que dice el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, según denuncia el comité de empresa, una parte del comité ha sido incluido en el ERTE. En concreto, 7 de los 10 miembros del comité han sido incluidos en el Expediente y su presidenta, además, con el tiempo máximo, cuatro meses. De no remediarse esta situación, los sindicatos amenazan con acudir a los tribunales -ya han anunciado que impugnarán el nuevo ERTE-.

Mientras la compañía sigue internamente incendiada, la Sepi sigue analizando si acudirá al rescate de la misma. En principio, se pronunciará antes del 31 de enero.