A cierre de febrero, según los datos de deuda hechos públicos por el Banco de España este miércoles, el conjunto de las administraciones españolas acumula una deuda de 1,188 billones de euros, un 98,2% del PIB. La cifra es un 3% superior a la registrada a cierre de mayo, último mes antes de la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez.

Cuando Sánchez se instaló en el Gobierno, la deuda total del país era de 1,157 billones de euros, también un 98,2% del PIB. El resultado es que durante los primeros ocho meses de gestión de Sánchez la deuda ha crecido en 31.742 millones, casi 4.000 millones cada mes. 

El grueso de ese incremento es de la Administración central, según el Banco de España, porque la deuda de las Comunidades Autónomas en febrero es similar a la de junio y la de las Corporaciones Locales, ayuntamientos, se ha reducido en 3.000 millones en los ocho meses citados.

El dato añade incertidumbre sobre la gestión económica de Sánchez y pone en duda sus constantes referencias durante esta campaña electoral a la reducción de la deuda como gran objetivo socialista, junto con la reducción del déficit.

Despilfarro

Más bien al contrario. Durante sus diez meses de Gobierno, Sánchez ha elevado en 4.000 millones al mes la deuda con medidas como el incremento de la licitación pública para obras que el anterior Gobierno tenía paradas por la crisis.

Pero, además, el futuro augura más gasto público con medidas como el incremento de ayudas para los parados, para las familias con hijos, o las pensiones. Medidas que tienen, también, una clara influencia en el voto.

Conocidos son los ‘viernes electorales’ del Gobierno, que han añadido 920 millones de euros de gasto, según la AIReF. Y según el Programa Electoral socialista, habrá más gasto puesto que ha propuesto un Ingreso Mínimo Vital, una Renta de Emancipación para jóvenes, dentista gratis, un bono social de acceso a Internet, y hasta reducir las tarifas ferroviarias.