La ‘doctrina Botín’ impide abrir juicio por delitos contra el erario sin la acusación de la Fiscalía o la Abogacía del Estado

La doctrina Botín, que lleva el nombre del fallecido banquero y presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y es la que Moncloa ha aconsejado invocar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en las cuestiones previas que anteceden al juicio oral, impide enjuiciar por delitos contra el erario público si la Fiscalía o la Abogacía del Estado no acusa. El objetivo es anular una parte de la acusación y, en última instancia, crear argumentos potentes para futuros recursos ante el Tribunal Supremo.

Esta doctrina jurisprudencial, fijada por el Tribunal Supremo en 2007, interpreta que, no habiendo acusación del perjudicado o la víctima o, en su caso, su representante, papel que en el caso Begoña Gómez desempeñarían la Abogacía del Estado y la Fiscalía, no se puede sostener una causa judicial solamente con las acusaciones populares.

El banquero Emilio Botín fue encausado a finales de los años 90 por el asunto de las cesiones de crédito del Banco Santander. En aquella ocasión no había acusación particular y, al quedarse solo el sindicato Manos Limpias como acusación popular, el tribunal entendió que no había ningún «perjudicado» que reclamase reparación, por lo que no se podía sostener la causa y el juicio oral contra Botín.

Un año después, esta interpretación fue matizada por la doctrina Atutxa.  Surgió a raíz del juicio al presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y a los miembros de la Mesa, Gorka Knörr y Conchi Bilbao, por negarse a disolver el Grupo Parlamentario Sozialistas Abertzaleak, vinculado a la izquierda abertzale.

La doctrina Atutxa varía la doctrina Botín en el caso de aquellos delitos de interés colectivo o naturaleza difusa (sin un perjudicado concreto), como por ejemplo la desobediencia, puesto que se entiende que la Fiscalía no puede monopolizar la acción pública si se defienden intereses sociales. Por eso, en este supuesto sí se sostendría la causa solamente con la acusación popular.

Precisamente, los expertos consideran que la parte relativa al tráfico de influencias del caso Begoña Gómez se ajusta perfectamente a la doctrina Atutxa, por lo que se sostiene perfectamente la causa con el simple ejercicio de la acusación popular.