De Madrid al cielo, pasando por un infierno fiscal

Decía Enrique Tierno Galván que los programas electorales están para no cumplirlos. Sin embargo, otra alcaldesa de Madrid parece querer actuar en el sentido contrario, aunque sólo sea en aquellos aspectos que más daño hacen en el bolsillo de los ciudadanos. Ahora Madrid se presentó a las elecciones municipales con una propuesta que incluía, aunque no se decía de forma directa, un aumento de la presión fiscal que soportan los madrileños así como las empresas y otras personas jurídicas instaladas en la capital de España. El primer ‘sablazo’ anunciado por la marca blanca de Podemos es sólo un anticipo de lo que puede llegar y que convertirá a la ciudad en un infierno fiscal.

El consistorio de Madrid va a bajar el IBI residencial, pero muy a pesar de la voluntad de Carmena y los suyos. Todos los grupos de la oposición, incluyendo sus socios del PSOE, votaron a favor de reducir dicho impuesto. Para “compensar”, el Ejecutivo local ha anunciado una importante batería de nuevos gravámenes y subidas en los ya existentes. Todo esto, unido a lo previsto en el programa electoral de Ahora Madrid y cuya aplicación todavía no está anunciada, hará de Madrid un infierno fiscal. Puede producirse una huída de empresas a localidades cercanas, junto con un encarecimiento de numerosos bienes y servicios para los consumidores.

El sablazo fiscal anunciado

Si el IBI residencial se reduce, con el no residencial va a ocurrir lo contrario, al menos para ciertos edificios. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha explicado que el incremento se le va a imponer a aquellos que tengan un valor catastral a partir de 860.000. Esto afecta, con el castrasto actual, al 5% de los edificios no residenciales de Madrid, si bien pueden ser más si se actualiza al alza el catastro. Los principales afectados serán los centros comerciales, pero también los estadios del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, y el Atlético de Madrid, el Vicente Calderón, y hoteles.

Un aumento del IBI a los grandes centros comerciales puede repercutir de forma negativa de diversas maneras a la economía madrileña. Las tiendas presentes en ellos pueden ver incrementado el precio del alquiler del local, en muchos casos implicando un riesgo para su propia viabilidad. También podría suponer que los promotores de nuevas superficies prefirieran instalarse en localidades de la periferia con una carga impositiva menor en vez de en las afueras pero todavía dentro de la capital. De esta manera, Madrid dejaría de cobrar sus impuestos.

Otros dos gravámenes que tiene previsto subir el Ayuntamiento son el Impuesto Actividades Económica (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO). Con el incremento de estos gravámenes, el Consistorio espera ingresar 49,8 millones de euros. No tiene en cuenta el frenazo que pueden suponer a muchos negocios o a determinados sectores. La construcción o reforma de un hotel, por ejemplo, resultaría mucho más costosa para una empresa al ver que se le dispara de forma simultánea el IBI, el IAE y el OCIO. Eso dificultaría que se abran nuevos establecimientos o se reformen los existentes, además de que podría implicar un encarecimiento de sus precios, con un impacto negativo para el sector turístico.

A todo lo anterior se sumarán nuevos impuestos que se están estudiando a “todos aquellos que usen los espacios públicos”. Esto afectará, por ejemplo, a los cajeros automáticos. Según se explica en el programa electoral, y aunque no se haya especificado estos días, también se gravará el uso del espacio radioeléctrico, el paso de vehículos y se incrementará las tasas que se impone a las terrazas.

Un programa que va a más

Al margen de lo anterior, existen otras reformas en el programa que hacen prever la conversión del municipio de Madrid en un infierno fiscal.

Entre los compromisos electorales de Ahora Madrid se incluye, por ejemplo: “Transitar a una fiscalizad progresiva por nivel de renta”. De esta manera, prácticamente cualquier impuesto y tasa gestionado por el Ayuntamiento puede verse incrementado para muchos ciudadanos. Esto afecta, entre otros, a la tasa de basuras o el impuesto de circulación.

Otra de las promesas de Carmena era: “Imponer tasas que penalicen la acumulación de vivienda con fines especulativos, en manos de grandes empresas, inmobiliarias y entidades financieras”. Los propietarios de esas viviendas repercutirían esa tasa en el precio de los alquileres o las ventas, con lo que serían los inquilinos o los compradores los que terminarían pagando más.

Los suministros más elementales para cualquier domicilio, como el agua, la luz, el gas o la línea de teléfono e internet, también están en el punto de mira. El programa electoral prometía: “Establecer la racionalidad impositiva en las redes de suministro y ajustar las tasas por el uso, ampliación e implantación de estas redes en espacio público, sea subsuelo, suelo o vuelo”. Traducido del lenguaje político a la lengua común, eso implica más tasas e impuestos a las redes (cables y tuberías) que conducen todos esos servicios a cada hogar, oficina o comercio.

Relacionado con lo anterior, el partido instrumental de Podemos en la capital de España pretende “exigir al Estado la devolución de las competencia sobre ciertos impuestos (empresas de telecomunicaciones, eléctricas y otras)”. El “otras” abre la puerta a prácticamente todos los sectores económicos.