Las CCAA se juegan 4.200 millones en el Pleno del Supremo sobre el impuesto a las hipotecas

Pese a que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto por Actos Jurídicos Documentados (AJD) ha puesto el foco en la banca, es Hacienda quien espera con más preocupación la decisión del Pleno. En la decisión que tomará el alto tribunal el próximo 5 de noviembre el Estado se juega hasta 4.200 millones de euros que podría tener que abonar el próximo año a los afectados por la sentencia. Una cantidad que se sumaría a los más de 1.200 millones de euros que la Agencia Tributaria tendrá que pagar con cargo a los Presupuestos por otra sentencia del Supremo, la que se refiere a la devolución del IRPF de las bajas por maternidad.

En el mundo jurídico no parece discutirse que será el Estado el que tendrá que devolver ese importe. En primer lugar, porque son las comunidades autónomas y no los bancos las que han cobrado este impuesto conforme a un reglamento, ahora declarado nulo, que estaba cumpliendo la banca.

«No cabe retroactividad alguna, y además de existir algún culpable sería el Consejo de Ministros de 1995 y toda la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo» que hasta ahora se había defendido la legalidad del artículo 68.2 del Reglamento de 1995 que estaba obligando al cliente a abonar este impuesto, señala un prestigioso jurista.

La polémica sentencia del pasado jueves lo que hace es anular precisamente esa normativa, que ya no podrá aplicarse en España. En este sentido, para las hipotecas futuras los bancos tendrán que pagar ese tributo, que repercutirán al cliente a través de otros costes. Pero en ningún caso, tendrán que devolver el importe pagado al Estado por los hipotecados en los últimos cuatro años (periodo que se señalaba desde algunos despachos de abogados como clave para la retroactividad).

En este contexto, en los servicios jurídicos de las entidades financieras hay consenso en determinar que «carecería de justificación pretender que las entidades prestamistas devuelvan a los deudores prestatarios unas cantidades que no han percibido y que fueron pagadas correctamente por estos a la Administración Tributaria de acuerdo con la normativa tributaria aplicable en la fecha de su ingreso».

Una opinión que comparte otra fuente jurídica consultada por OKDIARIO que señala que «si alguien tiene que devolver, sería únicamente la Hacienda Pública y el Estado, que ha mantenido el artículo 68.2 del Reglamento como vigente» y que han percibido el ingreso.

De este modo, las comunidades autónomas se juegan unos 4.200 millones de euros, según las estimaciones que el banco de inversión Goldman Sachs calculó en un reciente informe sobre el impacto de la medida en la banca. Una cuantía que el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha rebaja a algo más de 3.600 millones de euros.

En el Ministerio de Hacienda todavía no se maneja una cifra oficial sobre el impacto que podría llegar a tener en las arcas públicas la medida. Sin embargo, en la última Memoria de la Administración Tributaria (que corresponde al año 2015) se reconoce que las Comunidades Autónomas percibieron 1.785 millones de euros en ingresos por impuestos de AJD. No obstante, toda esta cuantía no corresponde al mercado hipotecario, puesto que este tributo se paga por otros conceptos. De no ser así, la cifra superaría los 7.160 millones de euros en cuatro años (si anualizamos el dato de 2015).

Los datos disponibles en esa memoria reflejan que Andalucía es -con diferencia- la comunidad autónoma más afectada por este reembolso, seguida de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León, por este orden.

Al margen de que las comunidades autónomas decidieran reclamar en el futuro ese importe a los bancos -pese al complicado escenario dibujado por los juristas-, de momento, la avalancha de reclamaciones de los usuarios afectados llegaría en un primer momento a las ventanillas de Hacienda. Todo ello en un año ya marcado por el contratiempo presupuestario que ha supuesto la sentencia del Supremo sobre la devolución del IRPF a las madres que han estado de baja maternal desde 2014, cuyo coste aún no está del todo claro, pero supera los 1.200 millones de euros.

Con sus sentencias, el Supremo empieza a plantear un problema serio para el Gobierno que tiene que aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que su socio Podemos sólo respaldará si hay un aumento claro del gasto. Un deseo que Bruselas no parece dispuesta a conceder sin contrapartidas y que contratiempos, como estos pagos, complican todavía más.