Carmena rompe con PwC, EY, Deloitte y KPMG para auditar las empresas públicas de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid “tiene intención de vetar a las grandes consultoras en los futuros contratos para la fiscalización del consistorio y sus empresas públicas” por orden del concejal de Hacienda municipal, Carlos Sánchez Mato. A partir de ahora realizarán estas labores de auditoría centros públicos como la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid

Según publica el diario Expansión, entre las grandes compañías públicas madrileñas auditadas por consultoras como PwC, EY, Deloitte y KPMG se encuentran Calle 30, Madrid Destino, la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. La decisión “genera muchas dudas y puede ser interpretada como un intento de maquillar la realidad financiera del ayuntamiento más endeudado de España”, indica el diario.

Esta ruptura con las denominadas Big Four supone que las auditorias las realizará el sector público a sí mismo, es decir, que la misma Administración que realiza la gestión de las empresas es la que determina si su gestión es correcta. Una trampa que el mercado penalizará y que aumenta la opacidad de los balances de las compañías públicas y de las finanzas del consistorio.

Expansión aclara que para que esta medida salga adelante la marca blanca de Podemos en la capital (Ahora Madrid) necesita el apoyo de su socio en el gobierno, el PSOE. Carlos Sánchez Mato ha sido claro en la última comisión municipal: «me opondré frontalmente a la contratación de empresas externas para realizar un trabajo de fiscalización de lo público».

La medida forma parte de la ofensiva contra el sector privado que ha puesto en marcha la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no renovando los contratos con las agencias de calificación crediticia S&P y Fitch Ratings, renacionalizando los servicios funerarios de la capital, auditando la deuda para determinar que parte no debe ser pagada por ser “ilegítima” y diseñando una batería de subidas de impuestos para convertir a Madrid en un “infierno fiscal”.