Carmena rompe el contrato con las agencias S&P y Fitch por «razones políticas»

El concejal de Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha roto relaciones con Standard&Poor´s y Fitch Ratings, dos agencias de calificación que se dedican a valorar, entre otros activos, la deuda pública del Ayuntamiento de Madrid. El responsable de la política fiscal de la capital de España ha vuelto a hacer alarde de su anticapitalismo al rechazar la renovación de los contratos por considerar que estas agencias “tienen un alto carácter político”, según ha podido confirmar Okdiario.

Esto se produce después de que S&P redujera la calificación a la deuda madrileña por las políticas que pretende llevar a cabo Sánchez Mato bajo la dirección de la alcaldesa, Manuela Carmena. Las “auditorias” para considerar si una parte de la deuda es “ilegítima” han pesado en la decisión de S&P. Como castigo el Consistorio no renovará los contratos que mantiene con esta agencia y con Fitch desde el año 2002.

Esto supone un desafío al mercado y responde a la ideología antisistema de Ahora Madrid. Las agencias de calificación son indispensables para poder obtener financiación del mercado, ya que sirven a los inversores en su toma de decisiones. Romper con estas agencias supone aumentar la inestabilidad en el peor momento económico, ya que la deuda de Madrid supera los 26.000 millones de euros, lo que equivale a todas las prestaciones por desempleo que se pagan en un año en toda España.

El concejal de Hacienda de Madrid es un antiguo militante de Izquierda Unida cuya tesis doctoral versó sobre la necesidad de implantar una banca pública en España, similar al modelo de cajas de ahorros que provocó el rescate financiero de la economía española. Sánchez Mato ha estado vinculado a la asociación anticapitalista ATTAC y ha pertenecido a la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda y a la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa.

El concejal ha llegado a escribir artículos en prensa en los que pretende que haya vencedores y vencidos” en el proceso de “una profunda redistribución de la riqueza que no tenga efectos neutrales”.  Todo ello lo explica el temor de las agencias de calificación crediticia ante el futuro de las finanzas públicas madrileñas.