Bancos y eléctricas dan por hecho que habrá otro año más de impuestazo tras la ‘no dimisión’ de Sánchez

El regreso de Sánchez tras su paréntesis en Moncloa para reflexionar sobre una eventual dimisión, y el giro radical que ha imprimido desde la vuelta a la escena pública con sus declaraciones «de tono cada vez más populista», han causado inquietud en el mundo empresarial, y sobre todo entre los bancos y las compañías eléctricas, que han sido el objetivo prioritario de la agresiva política fiscal desplegada con el pretexto de  sus presuntos beneficios extraordinarios y la necesidad de una contribución justa al coste que representa el Estado de Bienestar, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

La consecuencia es que los principales responsables de ambos sectores dan por hecho y están prácticamente resignados a tener que soportar al menos un año más el tributo de nueva generación establecido en 2021 en principio por dos ejercicios, pero cuya vigencia se ha extendido a 2024. Hasta hace un mes, las empresas confiaban en que el tributo acabaría finalmente decayendo, sobre todo después de la decisión de Sánchez de renunciar a un presupuesto para este año, que es el instrumento legal que suele aprovecharse para introducir cambios en la política fiscal.

Pero el sentimiento que albergan ha cambiado dramáticamente en pocos días. Sobre todo, después de la entrevista concedida por el presidente al diario El País el pasado 5 de mayo en la que dice textualmente: «Yo sé que hay gente a la que no le gusta que haya un impuesto a las energéticas o un impuesto a la banca, o que se suba el salario mínimo interprofesional, o que en lugar de hacer una contrarreforma donde se rebajan  y se relajan los límites o los derechos laborales se aumenten. Pero esto es algo que entra de lleno en lo que represento como el presidente de un Gobierno progresista en una Europa cada vez más girada a la ultraderecha».

Las empresas han tomado buena nota de estas declaraciones y ven como imposible que, después de tales afirmaciones, el Gobierno tome la decisión de cancelar definitivamente el impuestazo como ha sucedido en el conjunto de la Unión Europea, aun a pesar de que el gravamen está recurrido y las compañías están convencidas de ganar el pleito en el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo. «No tenemos ninguna duda de que la Justicia nos acabará dando la razón, lo que supondría que en unos años el Gobierno de España tendría que resarcirnos de los perjuicios que nos ha causado con un impacto de miles de millones en el presupuesto del Estado».

Bancos y eléctricas justificaban su reciente optimismo en las reuniones que Sánchez ha mantenido por separado con los principales ejecutivos de las compañías españolas en busca de restablecer un clima de confianza, pero estas impresiones se han ido al garete tras las informaciones publicadas en los medios sobre las actividades como mínimo polémicas de Begoña Gómez, la esposa del presidente, que provocaron finalmente su espantada, su retiro durante cinco días en la Moncloa y finalmente su regreso con un mensaje nuevo de corte radical centrado en «regenerar la democracia» y en reafirmar sus llamadas «políticas progresistas».

El mantenimiento del impuesto extraordinario a bancos y eléctricas ya contaba con firmes partidarios en el seno del Gobierno. No sólo por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que propone convertir este tributo en permanente y con un carácter estructural, y ha hecho de este asunto un casus belli; también la número dos del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es partidaria de conservar una fuente de ingresos cada vez más necesaria por la pérdida de recursos causada por la desaceleración de la inflación.

Como adicionalmente el Gobierno no alberga intención alguna de reducir el gasto público, presionado al alza por la hemorragia que causa al presupuesto la revalorización de las pensiones, más el aumento de otras partidas relacionadas con la protección social, los miles de millones recaudados por Hacienda en los dos últimos años gracias al tributo extraordinario a bancos y eléctricas son más perentorios que nunca.

Para acabar de rematar la faena, han causado estupor las últimas declaraciones al respecto de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, afirmando que el impuesto extraordinario  ha contribuido a mejorar la reputación de las empresas, lo que se ha entendido como la intención del Gobierno de prolongar indefinidamente este tributo «extraordinario», si bien podría suavizarlo y extenderlo a las entidades extranjeras. Según Cuerpo, este impuesto ha contribuido a profundizar «la sensación» de que se está produciendo «una redistribución justa de los costes» sin impedir que estas empresas hayan obtenido «los mejores resultados de su historia».