Adiós al desperdicio masivo: así afecta la nueva ley a bares y supermercados a partir de hoy

Desde esta misma semana, bares, restaurantes y supermercados en España van a tener que adaptarse a un nuevo escenario, que tiene que ver con evitar el despilfarro de comida. La normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marca un antes y un después en cómo se gestionan los excedentes de alimentos. De este modo, y por primera vez, se van a imponer medidas concretas que van desde la venta de productos que se descartaban por considerarse feos hasta la obligación de ofrecer envases para llevarse las sobras en la hostelería, algo que por otro lado ya estaba instaurado en muchos restaurantes. Sin embargo, a partir de ahora todo queda legislado y con ello se intentará, evitar que se tiren toneladas de comida al año.

Aunque la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario se aprobó oficialmente con una entrada en vigor fijada en enero de 2025, un error arrastrado durante su tramitación ha sido corregido en la práctica, y el grueso de las medidas ya está vigente. Sólo algunas obligaciones más complejas, como contar con un plan de prevención detallado o establecer convenios formales de donación de excedentes, se posponen un año más, hasta abril de 2026. Sin embargo, desde ya mismo se notarán cambios en los establecimientos. Esta norma sin embargo, arrancó su proceso en 2021, teniendo que sortear la disolución de las Cortes y el adelanto electoral de 2023. Ahora, se pone marcha con una batería de 23 artículos que pretenden transformar no sólo la forma en la que se comercializa y consume comida, sino también la mentalidad general sobre su valor. Muchos negocios ya se habían avanzado al cambio, ofreciendo recipientes reciclables para llevar con la sobras cuando vamos a comer, mientras para otros en cambio ya no es una opción, sino que a partir de ahora, será una obligación legal con posibles sanciones importantes si no se cumple.

Adiós al desperdicio masivo: así afecta la nueva ley a bares y supermercados

Desde ahora, todos los bares y restaurantes en España, tienen la obligación de ofrecernos envases de modo que nos podamos llevar la comida que no hemos consumido. Una práctica que hasta hace poco dependía bastante de que el local en el que estábamos accediera a nuestra petición de llevarnos las sobras, y de que tuvieran dichos envases. La norma sin embargo, sólo tiene una excepción: los buffets libres o similares, donde la comida no tiene un límite predeterminado.

Los envases que se ofrezcan, deben ser reutilizables o al menos fácilmente reciclables. Además, tendrán que informar de esta posibilidad de forma clara, preferentemente en la carta o el menú. El objetivo es doble: evitar el desperdicio y fomentar una cultura de consumo más responsable. Así, ya no habrá excusas para dejar media ración sin tocar, y tampoco para que los hosteleros rechacen entregar un tupper por normas internas.

Los supermercados tendrán que vender productos “feos”

Otra de las medidas más llamativas es la obligación de vender alimentos considerados poco estéticos, aquellos que por su forma o apariencia no suelen llegar a las estanterías. Patatas con formas raras, frutas con manchas o envases algo deteriorados (pero cuyo contenido está perfectamente en buen estado) deberán tener su espacio de venta. Esta práctica, habitual en otros países europeos, pretende acabar con la absurda exclusión de productos por criterios meramente visuales.

Junto a esto, se anima a los supermercados a dar salida a productos con fecha de caducidad o consumo preferente próxima, con descuentos e incentivos, en lugar de retirarlos directamente. También se promueve la comercialización de alimentos de temporada, de proximidad y ecológicos, como parte de una apuesta por el consumo sostenible.

Donar antes que tirar

La Ley establece una jerarquía de prioridades para el destino de alimentos que no se vendan. En primer lugar, deben evitarse las pérdidas mediante planes de transformación y reutilización. Pero si esto no es posible, se prioriza la donación para consumo humano. Sólo si no se pueden aprovechar de este modo, se destinarán a alimentación animal, a la industria para generar otros productos, o finalmente al reciclado, el compostaje o la generación de biogás.

Estas donaciones deberán hacerse bajo estrictas condiciones de trazabilidad y seguridad alimentaria. Las entidades sociales que reciban los productos estarán obligadas a registrar las entradas y salidas, garantizar una buena conservación y destinar la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, sin discriminación alguna. Esta trazabilidad también protege a los donantes ante posibles responsabilidades sanitarias, cerrando el círculo de forma segura.

¿Quién está obligado a cumplir y quién no?

No todos los negocios están sujetos a las mismas obligaciones. La ley excluye a las microempresas, es decir, aquellas con menos de 10 empleados, así como a las pequeñas explotaciones agrarias con plantillas reducidas. En cambio, los supermercados de más de 1.300 metros cuadrados deben tener un plan de prevención, promover convenios de donación y cumplir con el resto de medidas exigidas. La norma tiene un enfoque adaptado a la capacidad de cada actor, pero su espíritu general es compartido: todos deben hacer su parte para frenar el desperdicio.

Además, aunque la mayor parte de los artículos entran en vigor ahora, los puntos clave del artículo 6, que recoge las obligaciones más estructurales, no se aplicarán hasta abril de 2026. Este plazo adicional permitirá a muchas empresas adaptarse con tiempo y preparar los protocolos necesarios.

Sanciones para los que no cumplan

Como toda ley con vocación transformadora, esta también contempla un régimen sancionador. Las infracciones leves podrán ser penalizadas con un apercibimiento o multas de hasta 2.000 euros. Las graves, con sanciones de entre 2.001 y 60.000 euros. Y las muy graves podrían acarrear multas de hasta medio millón de euros. El plazo de prescripción será de seis meses para las leves, un año para las graves y dos años para las muy graves.

Estas sanciones no buscan ser un castigo económico sin más, sino garantizar que todos los actores implicados se tomen en serio su papel en la lucha contra el desperdicio. Se trata de cambiar una mentalidad que durante años ha normalizado tirar comida que aún podía aprovecharse.