El TSJ valenciano se suma a las asociaciones judiciales frente a la intromisión del pacto PSOE-Junts

El Poder Judicial sigue dando pasos en la línea de preservar su independencia y sostener la separación de poderes frente a las intromisiones del acuerdo de entre PSOE y Junts. Este lunes, la Sala de Gobierno el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), constituida en Pleno, ha decidido por mayoría adherirse al comunicado de las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de Magistratura, Asociación de Jueces Francisco Vitoria, Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia y Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente) y en línea con el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

En el caso del TSJCV el acuerdo se ha adoptado con diez votos a favor, dos en contra y una abstención, según ha manifestado este lunes la Sala de Gobierno de este Alto Tribunal en un comunicado.

En ese comunicado, la Sala de Gobierno del TSJ valenciano hace constar que ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura «mostramos nuestro rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política» y por las consecuencias que de ello se deriven.

Agrega que el texto del citado acuerdo contiene «explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar situaciones de judicialización de la política», con las consecuencias que «en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Añade que ello podría suponer, en la práctica, «someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes». Y recuerda que los jueces «han de estar únicamente sometidos al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución».

Según reza el comunicado, «estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables». Y sostiene que el Poder Judicial en España «es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta».