Los ‘okupas’ condenados en la Comunidad Valenciana no podrán optar a viviendas públicas

Frente a la inacción del gobierno de Pedro Sánchez, el ejecutivo valenciano de Juanfran Pérez Llorca está dispuesto a endurecer cada vez más las condiciones para que los condenados por okupar viviendas puedan beneficiarse más tarde de las iniciativas públicas para facilitar el acceso a las mismas. Así, la Generalitat Valenciana ya ha introducido una iniciativa legal para que quienes sean condenados por okupar ilegalmente una casa no puedan optar a viviendas públicas. La medida forma parte de la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año 2026, que es en realidad la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que rige las cuentas anuales. 

No es la primera vez que una norma valenciana marca líneas a quienes okupan ilegalmente viviendas. De hecho, ante el acceso a las prestaciones de la Renta Valenciana de Inclusión también quedó planteada esta misma medida, la de establecer como infracción muy grave y por tanto privativa de las ayudas el haber sido condenado en firme por la okupación ilegal de una vivienda. Pero sí evidencia la clara decisión de que el castigo a los okupas no se limite a la acción penal, sino también administrativa.

En concreto, lo que sostiene la ley de acompañamiento es que: «En ningún caso podrán formar parte de los procedimientos de adjudicación de viviendas que integren el patrimonio público de vivienda los solicitantes condenados como autores de delito de allanamiento o usurpación de vivienda en los últimos 5 años». Y que «tampoco podrán formar parte aquellos de los que se haya emitido resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública».

La responsabilidad en materia de vivienda dentro del Gobierno valenciano la ostenta la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero. Si bien la iniciativa es fruto, también, del acuerdo con Vox para los nuevos presupuestos valencianos.

No obstante, según han manifestado fuentes de esta última formación, esta medida no pertenece específicamente a las de prioridad nacional defendidas también por Vox. Y ello, porque se trata de una iniciativa que se dirige contra quien ha delinquido okupando ilegalmente una vivienda, pero no prioriza al español por delante del extranjero.

De hecho, el español okupa se va a ver igual de imposibilitado de acceder a una vivienda pública que el extranjero. Por tanto, no forma parte del baremo de Vox que marca las líneas de esa prioridad nacional.