Denuncian por prevaricación administrativa a 2 altos cargos del Gobierno valenciano de Ximo Puig

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 03/06/2022 15:29
  • Actualizado: 03/06/2022 17:01

Otros 2 cargos del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig, una secretaria autonómica y un director general, han sido denunciados ante los juzgados. En este caso, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La denunciante es una mujer que fue multada con 4.000 euros por la Consejería que dirige Rosa Pérez por portar una bandera con símbolos pre constitucionales. La multa fue retirada por el Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Valencia, como informó en su día OKDIARIO. Ahora, la mujer se ha decidido a emprender medidas legales.

Los cargos denunciados son la secretaria autonómica de Cooperación Antonia Serna y Calidad Democrática y el director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno José Ignacio Pérez. Además, consta también como denunciada una funcionaria de la dirección general de Calidad Democrática de la Generalitat.

El relato de los hechos que han desembocado en esta denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, arranca el 12 de octubre de 2020, en una manifestación celebrada en el barrio valenciano de Benimaclet, que fue comunicada a la Delegación del Gobierno sin resultar prohibida ni modificada por lo que contaba con toda la cobertura y amparo legal.

En esa manifestación, siempre según la denuncia, varios participantes enarbolaban pancartas y banderas. Entras estas últimas, algunas con el escudo del Aguila de San Juan. A raíz de ello, Compromís anunció que iba a solicitar la aprobación de una ley que prohibiera la exhibición de símbolos «fascistas».

La denunciante achaca supuestamente al director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento el inicio del expediente sancionador al entender que ella había participado en la citada manifestación portando una bandera con un escudo franquista y que ello suponía una infracción grave de la legislación valenciana.

Pero el expediente agotó el plazo máximo de 3 meses de tramitación sin que se llegara a dictar resolución sancionadora y fue archivado según resolución del 23 de marzo del pasado año 2021. Supuestamente, y siempre según la denuncia, el citado director general acordó nuevamente la apertura de ese expediente y se nombró instructora del mismo a la funcionaria ahora denunciada.

Según la denuncia, en ese expediente figura un dictamen del Abogado del Estado en el que informa sobre la posibilidad de sancionar conductas como la que se le imputa a la denunciante. Y aunque la copia aportada por la Consejería -afirma en el escrito- no está completa, «sí se advierte la opinión claramente contraria de la Abogacía respecto a esa posibilidad».

No obstante, el expediente se reinició y la instructora rechazó las alegaciones y propuso imponer una multa de 4.000 euros por una infracción grave, aludiendo a una ley que, según la denuncia, a lo que obliga es a «la retirada en el plazo que se establezca de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el nomenclátor de las calles, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en vía pública». Finalmente, el director general supuestamente confirmó la propuesta y dictó resolución sancionadora.

Contra esa resolución, se interpuso recurso de alzada que, en este caso, fue desestimado por la secretaria autonómica de cooperación y Calidad Democrática.

Contra todas estas resoluciones, la ahora denunciante presentó demanda contencioso administrativa ante el Jugado de Instrucción 1 de Valencia, que estimó íntegramente dicha demanda, anuló las resoluciones recurridas y condenó en costas a la Generalitat Valenciana en sentencia firme.

Ahora, la mujer que fue sancionada y cuya multa anuló el juzgado entiende que los hechos pueden constituir un presunto delito de prevaricación administrativa, por lo que ha decidido acudir a la instancia judicial. Otro quebradero de cabeza para el Gobierno valenciano de Ximo Puig.

Hay que recordar que esta misma semana, la Fundación Española de Abogados Cristianos interpuso una querella a otros cargos de la Generalitat Valenciana, el director general del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) y la directora general de Salud Pública y Adicciones por un supuesto delito contra la salud pública.