Borràs se enfrenta a gritos con la dirección de JxCAT: «Yo vine a hacer la independencia, no dimito»

Laura Borràs no dimite. Pese a que este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió juicio oral contra ella, por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, por presuntamente fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), la presidenta del Parlament se considera víctima de una persecución política.

Incluso se ha enfrentado a gritos a los miembros de la dirección del partido que dirige, JxCAT, cuando estos le han pedido su dimisión tal y como establece el reglamento del Parlament y para no poner en peligro la coalición con ERC: «Yo vine a hacer la independencia, yo no dimito» exclamó Borràs. «Los que me quieran muerta, que se manchen las manos» ha repetido en varias ocasiones la presidenta de la cámara catalana, según relatan a este periódico fuentes conocedoras de lo que está pasando. La situación, explican en Junts, «cada día es más insostenible» por «su soberbia».

Laura Borràs «se siente fuerte» aseguran en su entorno «para plantar cara a los que la quieren muerta». Aunque cada vez cuenta con menos apoyos dentro y fuera de su propio partido. La presidenta del Parlament, que hace unas semanas fue elegida líder de JxCAT en una dura pugna con el sector moderado postconvergente, se reivindica como «una víctima de la lawfare» y aduce que la «investigan por ser independentista».

18 contratos

Pero la realidad es muy distinta. Según el juez hay indicios que «evidenciarían» que Borràs «abusó» de sus funciones como directora de la ILC dictando «resoluciones injustas» para adjudicar 18 contratos menores «con plena conciencia» de que «entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público» para «favorecer» a un amigo. Un caso de corrupción de manual.

El artículo 25.4 del reglamento del Parlament obliga a cualquier diputado de la Cámara a dimitir de su escaño si resulta imputado por corrupción. Este sería el caso de Borràs, investigada por varios delitos relacionados con la corrupción política. La norma está vigente desde 2017, cuando ERC y JxCAT -que entonces formaban un único grupo parlamentario bajo el paraguas de Junts pel Sí- quisieron ser implacables contra la corrupción, desmarcándose de la antigua Convergencia acorralada por el 3%. Borràs alega «persecución por parte del Estado» por «ser quién es y ser independentista».

Unas explicaciones que, en esta ocasión, no han convencido al resto de grupos separatistas de la cámara catalana que no cedieron a su chantaje en su intento por reformar el reglamento y evitar así encontrarse en la encrucijada en la que se ve hoy.

La causa por la que está investigada es por su gestión previa al salto a la primera línea política y varios documentos, así como llamadas y correos electrónicos, prueban la connivencia que hubo entre ella y su amigo empresario que recibió esos contratos fraccionados -una práctica no permitida en la administración pública-. Lo más previsible es que la mayoría del Parlament la deje caer este jueves.