El Tribunal de Cuentas emplaza a los excargos del Govern a pagar 5,4 millones antes del miércoles

El Tribunal de Cuentas ha rechazado la prórroga solicitada por varios ex altos cargos del Govern para abonar la fianza de 5,42 millones de euros que se les reclama por la promoción en el extranjero del referéndum ilegal del 1-O mediante el Consell de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat o «embajadas catalanas». Los afectados tendrán como plazo máximo para abonar esta cantidad este mismo miércoles, 21 de julio.

A través de una providencia, la delegada instructora Esperanza García Moreno ha señalado que el plazo concedido, que es «superior al de diez días hábiles otorgado con carácter general», es «razonable y suficiente para proceder al afianzamiento señalado».

La instructora del órgano fiscalizador dio un plazo de 15 días hábiles a las defensas de los ex altos cargos de la Generalitat. Se trata de decenas de personas que ocuparon cargos de responsabilidad del Govern entre 2011 y 2017. Entre ellos se encuentran los ex presidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont, y el ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.

La liquidación provisional que a todos ellos se les ha notificado asciende a 5,4 millones de euros. Cantidad en la que, por ejemplo, figuran 317.790 euros por viajes al exterior del expresidente Puigdemont y sus consejeros, así como 27.189 euros por actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación, más 3.863 euros de un «encuentro de delegados» y 21.175 euros por el concepto «contratos».

Fondo público de 10 millones

El pasado 6 de julio, el Govern creó un fondo público con una dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a estos antiguos cargos de la Generalitat.

A este fondo se podrá acoger a él cualquier funcionario al que se pidan responsabilidades legales por actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, siempre que cumpla ciertos requisitos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reivindicó la «legalidad» de ese fondo porque, a su juicio, «cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración» ante «decisiones arbitrarias».

«Tiene como objetivo hacer frente a las obligaciones legales que no queden cubiertas por pólizas de seguros que la Generalitat tiene suscritas», explicó la Generalitat en un comunicado. «El decreto se basa en el principio de indemnidad que obliga a las administraciones a defender a los trabajadores públicos mientras no haya sentencia firme», apostilló.

Si se agotan las vías judiciales y «se confirma la existencia de responsabilidad contable o responsabilidad civil, la persona beneficiaria deberá devolver el dinero», puntualizó el comunicado.