ayuntamiento de palma

El tripartito de izquierdas no quiere a los palmesanos merodeando por sus despachos

La Defensora de la Ciudadanía exige al alcalde recuperar la presencialidad en la atención a la población

La insta a dotar a los servicios municipales de personal suficiente para atenderla en tiempo y forma

Reclama no caer en inercias excluyentes que alejan a la administración municipal de los ciudadanos

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Anna Moilanen
La Defensora de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Palma, Anna Moilanen.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El tripartito de socialistas, nacionalistas y populistas de Unidas Podemos (UP) que gobierna en el Ayuntamiento de Palma no quiere a los palmesanos merodeando por sus despachos en las dependencias municipales. 

Y es que todo hace indicar que la vuelta a la normalidad ha cogido a contrapié al alcalde José Hila y a sus socios de gobierno, tras más de año y medio de pandemia, con restricciones totales de público en las oficinas del Consistorio. Y así continúan las cosas por ahora. 

Tanto es así, que ante las numerosas quejas recibidas de ciudadanos que necesitan solventar, en tiempo y forma, toda clase de trámites ante la administración municipal y no ven satisfecha esta posibilidad, la Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, ha presentado una reclamación al equipo de gobierno exigiendo recuperar la presencialidad y que los palmesanos puedan poner pie en las oficinas municipales. 

Como afirma en su escrito Moilanen, la recuperación de los escenarios anteriores a la pandemia obliga, mientras no se cambien las leyes, a recuperar también la presencialidad. Básicamente, porque además de ser un derecho es, especialmente importante, afirma, en aquellas administraciones en las que la proximidad es un factor clave, como es la municipal. 

En este sentido, recuerda que la autoridad sanitaria competente para la recuperación de la normalidad ha levantado las restricciones y nada justificaría que no se recuperaran todos los canales previstos por el ordenamiento jurídico para el cuidado de la ciudadanía, incluida la presencialidad.  

En caso contrario, advierte Moilanen, el gobierno municipal estaría incumpliendo diversos artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por ejemplo, el artículo 53, que establece que la ciudadanía tiene derecho a obtener información y orientación en relación a los requerimientos jurídicos o técnicos, o el artículo 14, que le permite elegir en todo momento si se comunica con la Administración por medios electrónicos o no.  

Los palmesanos ya habían comunicado a Moilanen las dificultades que tenían hasta para obtener cita previa telemática, como sucede en Urbanismo para la tramitación de licencias de obra o de información urbanística. Un servicio que sólo está habilitado para su concertación vía web y en ningún caso se prevé la atención presencial.

La Defensora considera que esta forma de proceder supone un agravio para los palmesanos e insta al primer edil socialista a recuperar la atención presencial, adoptando las medidas oportunas para hacerla factible y no excluir así a aquella población que no son usuarios digitales. 

Sobre todo, subraya, porque la Administración tiene que poner el foco de su actividad en las personas más vulnerables. Si no actuara así, remarca, y cayera en inercias excluyentes, podría suceder que una administración como la municipal, que hace bandera del factor de proximidad con la población, se alejara de la ciudadanía y fuese hasta causante de cometer exclusión

Y es que la población desde un rol no profesional, abunda Moilanen, tiene todo el derecho a elegir si quiere ser atendido por medios electrónicos o presencialmente por los servicios municipales y no al revés, como sigue sucediendo en el Ayuntamiento de Palma. 

Con un añadido además: obtener cita telemática sólo puede ser vía web porque el servicio de atención telefónica, dado el volumen de trabajo, sólo da cita previa para empadronamientos en casos de urgencia a mayores de 65 años y a partir de las dos de la tarde. 

El resto de casos se derivan a las áreas competentes y no hay constancia de cómo acaban las consultas, «porque comunicar con algunas extensiones telefónicas del Ayuntamiento resulta casi imposible», remacha Moilanen.

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