Los socialistas criminalizan a las inmobiliarias en Baleares y exigen a Prohens que ejecute una campaña masiva de inspecciones de los contratos de alquiler

Los socialistas criminalizan a las inmobiliarias en Baleares y exigen a la presidenta del Govern del PP, Marga Prohens, que ejecute una campaña masiva de inspecciones en los contratos de alquiler con el supuesto objetivo de «proteger a la ciudadanía de las cláusulas abusivas,, así como evitar prácticas discriminatorias».

Tras ocho años gobernando y mirando para otro lado en todo lo relacionado con la vivienda, el PSOE la ha convertido en arma electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre con propuestas en las islas, a cual más estrambótica, como es el caso.

La iniciativa lleva el sello de su portavoz y candidato a la Alcaldía de Palma, Iago Negueruela, mano derecha de la secretaria general de la formación, Francina Armengol, e insta al Ejecutivo balear s a crear una unidad especializada para el sector inmobiliario dentro de Inspección de Consumo, con el fin de poner en marcha “una campaña anual permanente de inspección de oficio”.

Con el recuerdo aún de los ataques vandálicos perpetrados este verano por grupos separatistas y de ultraizquierda contra inmobiliarias en diferentes poblaciones de Mallorca, los socialistas quieren sacar tajada electoral en este caladero de supuestos votantes, y en la propuesta registrada en la Cámara balear, afirman sin reparo alguno la necesidad de «revertir la situación actual de inacción y impunidad frente a los abusos», sin concretar caso alguno.

Tras disparar durante las dos legislaturas que gobernaron en Baleares un 72% el precio de la vivienda, haciendo imposible con ello su acceso a los residentes, ahora los socialistas aseguran que esta coyuntura de inaccesibilidad a la vivienda es la que estaría generando «un territorio fértil para los abusos de poder en el mercado inmobiliario”.

Unas prácticas que irían, según enumeran, desde la incorporación de cláusulas abusivas en contratos de alquiler (incorporación de los gastos comunitarios o del IBI), la reclamación de hasta dos años de renta anticipada, o la formulación de contratos de corta duración, como los de temporada, de forma fraudulenta con la participación o la negligencia de empresas del sector.

En otros casos, las inmobiliarias o los propietarios, según el origen, estarían optando «por la abierta discriminación, buscando inquilinos extranjeros de alta capacidad adquisitiva a la vez que se discrimina a los inmigrantes de orígenes más humildes».

Aunque nada achacan a las medidas legislativas adoptadas por el Gobierno de Sánchez de protección de los okupas, para los socialistas la culpa es de Prohens.

“En un mercado tensionado y un desequilibrio palpable en la capacidad negociadora entre los inquilinos, las inmobiliarias y los propietarios, es imprescindible que las administraciones públicas pongan los medios necesarios que protegen los derechos de los inquilinos». Y el Govern no lo está haciendo, acusando a la presidenta balear de «una inacción absoluta a la hora de garantizar los derechos de los inquilinos y el juego limpio en el mercado inmobiliario». .