Un senegalés ilegal viola y abofetea a una mujer borracha en un piso de Palma tras pasar una noche de fiesta con ella

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este lunes para juzgar a un hombre senegalés en situación irregular por presuntamente violar a una mujer en un piso de Palma tras pasar la noche juntos en varios locales de copas en septiembre de 2022. El individuo se enfrenta a diez años de prisión.

Según se detalla en el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, el procesado coincidió durante esa velada con la víctima, a la que ya conocía previamente y que se encontraba disfrutando del ocio nocturno junto a su hermana. Tras recorrer juntos diversos locales de fiesta por la capital balear, el grupo optó por trasladarse a un inmueble residencial de la ciudad.

Fue en el interior de esa vivienda donde, según el Ministerio Público, se desencadenaron los hechos delictivos. La mujer se hallaba mermada en sus facultades debido a la previa ingesta de alcohol. En ese contexto, y tras ser abordada inicialmente por un individuo cuya identidad no ha podido ser esclarecida durante la instrucción, el acusado la arrojó contra una cama. Acto seguido, procedió a desvestirla, le propinó varias bofetadas y la inmovilizó sujetándola con fuerza por los brazos para consumar la penetración vaginal.

Aunque la perjudicada no presentó secuelas de índole física inmediata tras la agresión denunciada, la fiscalía subraya el grave quebranto anímico sufrido: los hechos han tenido un impacto directo y severo en su estabilidad emocional, su bienestar psicológico y el desenvolvimiento ordinario de sus rutinas cotidianas.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal tipifica la conducta como un delito consumado de agresión sexual y reclama una década entre rejas. El escrito acusatorio añade medidas cautelares y penas accesorias de calado: diez años de orden de alejamiento con prohibición de acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con la denunciante, diez años adicionales de libertad vigilada tras la salida de prisión y la inhabilitación especial para cualquier oficio o labor vinculada al contacto regular con menores de edad.

En materia de extranjería, la Fiscalía solicita que, tras cumplir dos tercios de la privación de libertad o al acceder al tercer grado penitenciario o libertad condicional, el tiempo de reclusión restante se conmute por la expulsión directa del territorio nacional, con veto de entrada a España por diez años. Asimismo, se fija una indemnización de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil.