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Sánchez colocó como interventor en Mercapalma a un investigado en el ‘caso Koldo’

Roberto Moisen, ex alto cargo de la Subsecretaría de Hacienda, fue imputado por la compra de mascarillas 'fake'

Ha durado una semana en el cargo tras serle comunicado su nombramiento al Ayuntamiento de Palma

Mercapalma Koldo
Entrada a la sede de Mercapalma.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El Gobierno de Pedro Sánchez colocó como interventor en la empresa pública Mercapalma durante seis días a un ex alto cargo del Ministerio de Hacienda que estuvo investigado por una denuncia en la trama de mascarillas fake del denominado caso Koldo.

Fue el pasado 27 de septiembre cuando el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige el socialista Félix Bolaños, en concreto, la dirección general de Seguridad Jurídica, nombraba a Roberto Moisen Gutiérrez, ex alto cargo de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública en la Coordinación Territorial de Madrid, como interventor en Mercapalma.

La resolución ministerial con su nombramiento le fue comunicada, entre otros, al Ayuntamiento de Palma accionista mayoritario de Mercapalma con un 54,79% de acciones frente al 45,21% de la empresa pública Mercasa, adscrita a los ministerios de Hacienda y Agricultura.

El gobierno municipal puso el grito en el cielo nada más conocer su nombramiento, ya que con sólo hacer un breve rastreo en el pasado más inmediato de Moisen descubrió que el elegido por Sánchez fue investigado y llamado a declarar por la compra de mascarillas fake en todo el entramado del denominado caso Koldo.

En concreto, el pasado mes de febrero el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid citó a declarar como investigados a cinco altos cargos y ex cargos de tres ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez: Sanidad, Industria y Hacienda. Todo ello en relación a un presunto delito contra los derechos de los trabajadores sanitarios al tardar una semana en retirar de los hospitales las mascarillas Garry Galaxy (modelo N95), que no cumplían los mínimos sanitarios exigidos de filtrado.

Entre ellos figuraba Roberto Moisen. La denuncia originaria fue interpuesta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el hoy presidente de la Generalitat Salvador Illa, quien fue ministro de Sanidad entre los años 2020 y 2021, al que atribuían el delito de actuación negligente.

Fue en la última semana del mes de marzo de 2020, cuando el Ministerio de Sanidad compró un total de 2,1 millones de mascarillas defectuosas FPP2, de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a la empresa Hangzhou Ruining Trading, pagando por adelantado casi 24 millones de euros a un broker chino.

Una compañía que se dedicaba al sector textil, y que no figuraba entre los proveedores que China recomendó al Gobierno para adquirir mascarillas.

No obstante, el juez instructor acordó el pasado junio el archivo provisional de las diligencias, sin que de las mismas haya podido arrojarse algún indicio de responsabilidad penal contra Illa o contra los cargos imputados hace unos meses.

Pero si el 27 de septiembre la dirección general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, acordaba el nombramiento de Moisen como interventor de la Sociedad Anónima de Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca, seis días después, en concreto, el pasado 3 de octubre, presentaba su renuncia al puesto, y era sustituido por el nuevo interventor del Gobierno de Sánchez en Mercapalma, Gregorio Madero Ruiz- Jarabo.

Todo ello en plena guerra entre el Ayuntamiento de Palma y el Ejecutivo central a través de la empresa pública Mercasa, tras el decretazo de este pasado verano del Gobierno de Sánchez suspendiendo la liquidación de Mercapalma una vez caducada este año la concesión de 50 años firmada entre ambas administraciones.

El Ejecutivo central dejaba así sin indemnización alguna al Ayuntamiento al que tenían que revertir todos los activos de esta empresa mixta de capital público, incumpliendo los estatutos de la sociedad, decisión unilateral que el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, calificaba de «expolio» y «robo».

El decretazo de Sánchez interviniendo Mercapalma abrirá una guerra en los tribunales tras la cisión del gobierno municipal, que será avalada este mes de octubre por el pleno, de presentar un recurso contencioso en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno de Sánchez del pasado mes de agosto.

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