El PP balear culpa al Govern y sus «políticas terroríficas» de la carestía récord de la vivienda en Baleares

El PP culpa a las «políticas terroríficas» de la presidenta socialista, Francina Armengol, incluidas en la Ley de Vivienda aprobada en 2018, su carestía récord y el hecho de que Baleares, con 3.405 euros por metro cuadrado, sea ya la comunidad donde es más caro adquirir una vivienda de segunda mano, según los datos del portal inmobiliario www.hogaria.net, tras subir su precio un 0,3% en mayo respecto a abril, y un 3,5% en tasa interanual.

El diputado de esta formación en el Parlament balear Lluís Camps fue tajante respecto a la Ley 5/2018. «Nunca una regulación de una ley produjo tantos efectos lesivos para los ciudadanos de Baleares en un derecho básico en tan poco tiempo», denunció Camps para quien las políticas de Armengol «son terroríficas, porque prohíben la emancipación de los jóvenes, a los temporeros la posibilidad de venir hacer la temporada como siempre hacían, y sólo basta ojear las cientos de ofertas de trabajo que salen semanalmente y que están sin cubrir».

En la misma línea, recordó que el alza indiscriminada de los precios de la vivienda en Baleares por las desclasificaciones de suelo urbanizable y las medidas restrictivas impulsadas por socialistas, independentistas de Més y Podemos desde el Ejecutivo balear, «son un bloqueo para que vengan a reforzar nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un obstáculo para los médicos, para los funcionarios de la Administración central, para los funcionarios de prisiones» recordando que «ya hay más de 1.000 vacantes, por estas razones principalmente, y además por la traición de la izquierda, que la pasada semana en el Senado votó no a la actualización del plus de insularidad»

El diputado popular lamentó que todos los recursos públicos se centren en construir VPO, «mientras las listas de espera para una vivienda crecen a cientos cada año y el Gobierno de Armengol no atiende a nuestras propuestas».

«No pagan en tiempo y forma las ayudas, no incentivan a los privados para que puedan construir vivienda de protección oficial porque no la incentivan ni actualizan los precios, por lo que se demuestra que estamos en manos de unas personas que ni planifican, ni gestionan, ni teniendo dinero saben ejecutarlo. ¿De qué han servido las prohibiciones y restricciones? Los ciudadanos no se merecen tanta incapacidad y pasotismo de toda la izquierda», remachó Camps.