El Parlament balear impone el catalán a policías, guardias civiles y demás funcionarios del Estado

La obsesión del pacto de izquierdas de Baleares que lidera la socialista Francina Armengol con la imposición del catalán en todos los ámbitos de la sociedad no cesa y cada semana hay declaraciones, propuestas, mociones o nuevas decisiones sobre esta cuestión. Ahora el Parlament balear ha aprobado una propuesta por la que se impone el conocimiento del catalán a los funcionarios del Estado que trabajan en Baleares y entre ellos a los guardias civiles y policías nacionales.

Fue el pasado miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales cuando la Cámara Balear aprobó la propuesta sobre la obligatoriedad de los funcionarios de atender a los ciudadanos en la lengua que soliciten de las dos oficiales que hay en la comunidad autónoma, el español y el catalán.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de toda la izquierda, PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y de la formación regionalista el PI. El Partido Popular se abstuvo y curiosamente la formación Vox, muy sensible con estos temas de la lengua, no asistió a la Comisión. El único partido que votó en contra fue Ciudadanos.

La propuesta aprobada consta de varios puntos y el primero de ellos sostiene que se debe garantizar el derecho de opción lingüística de los ciudadanos de poder relacionarse en lengua catalana con la Administración General del Estado en el territorio de las islas Baleares. Se añade que este derecho deriva de la declaración de oficialidad de la lengua (artículos 3.2 de la Constitución y 4.1 del Estatuto de Autonomía) de acuerdo con la jurisprudencia del Tribuna Constitucional.

Este punto no es el polémico puesto que se refiere al derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán si así lo solicitan. El punto problemático es el número cuatro donde habla de la obligación del funcionario a utilizar el catalán bajo amenaza de sanción si el ciudadano lo pide.

Concretamente afirma que «se debe garantizar la observancia del principio de conducta del artículo 54.11 del Estatuto básico del empleado público de atender al ciudadano en la lengua oficial que solicite, impidiendo en caso contrario cualquier discriminación por razones de lengua con exigencia de la responsabilidad disciplinaria que se pueda derivar como falta muy grave,  según el artículo 95.2.b del Estatuto básico del Empleado público».

Desde Ciudadanos se ha explicado que el voto en contra de la propuesta responde a que la misma implica indirectamente que los funcionarios del Estado que trabajan en Baleares deben saber catalán para poder atender a los ciudadanos en esta lengua si así lo solicitan.

El conocimiento del catalán es un requisito para poder trabajar en la Administración Autonómica de Baleares, un requisito que deben reunir tanto los celadores como auxiliares y administrativos e incluso los médicos y enfermeras. El requisito afecta sólo a los funcionarios de la comunidad autónoma puesto que el Govern no tiene competencias para dictar normas sobre el personal de la Administración Pública del Estado.

La propuesta aprobada por el Parlament sobre la imposición del conocimiento del catalán a los funcionarios del Estado no pude tener en principio mucho recorrido. De todos modos muestra la intencionalidad del pacto de izquierdas de imponer el conocimiento del catalán a los funcionarios del Estado que trabajen en Baleares aunque ello requeriría una decisión del Gobierno de la nación.

El pasado 21 de septiembre el Parlament ya aprobó una propuesta para instar a la Delegación del Gobierno a instalar, en lugar visible en todas las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía y cuarteles de la Guardia Civil en Baleares carteles para informar del derecho de utilizar ambas lenguas oficiales -catalán y castellano- y del derecho que tienen los usuarios a realizar todas las gestiones en cualquiera de las dos lenguas. Fue una propuesta presentada por los soberanistas de Més per Menorca. También se aprobó instar a Aena y a Autoridad Portuaria de Baleares a instalar, en todos los aeropuertos y puertos de las Islas, carteles para informar sobre este derecho.